Basta mirar un poco alrededor (temporal y geográficamente) para recordar que cuando las rupturas institucionales en la región no han logrado imponerse por años o décadas, han buscado resolver como primer pendiente la herida concreta de la cuestionable legalidad y nula legitimidad de un determinado gobierno, mediante el reencauce de la ruta democrática acudiendo al ejercicio del voto en las mejores condiciones posibles; en el caso boliviano este momento fue el proceso electoral de 2020. Lo que no implica que una vez resuelto lo apremiante, lo importante desaparezca casi como su consecuencia. La restauración de las heridas sociales, rupturas simbólicas y daño histórico (que puede ir mucho más atrás de 2019) no dejan de ser elementos que innegociablemente se quedan sobre la mesa y eventualmente deben también ser reparados.

Y es que el principio es básico: la democracia es muy importante. Y esa es la principal razón por la que se debe llegar a la verdad histórica de los varios hechos que la han ido erosionando y que van desde la desobediencia a la voluntad popular, la paralización de un componente del proceso de tecnología y transparencia electoral, la insubordinación policialmilitar a un mandato constituido, una anómala negociación de espaldas a la población por personas no legitimadas hasta una irregular sucesión presidencial. Hay muchos más hechos sobre los cuales el país necesita saber la verdad pues como resultado de los acá identificados se han visto violentados importantes componentes de nuestra democracia, entre ellos: el voto popular, los procedimientos de tecnología y transparencia electoral, la Constitución Política del Estado, la representación legal de la Asamblea Legislativa Plurinacional, así como los procedimientos y la normativa legislativa, solo por mencionar las consecuencias más notorias.

¿De qué manera entonces se deja sentado con la claridad que los hechos que desembocaron en un ilegítimo gobierno que gobernó más de la cuenta no vuelvan a ocurrir nunca más?, ¿cómo se empieza a restaurar las múltiples erosiones de la democracia si no es a través del esclarecimiento de cada uno de los hechos concretos que superan las narrativas que se quieren imponer desde enfrentadas maquinarias discursivas y comunicacionales?

Como población necesitamos saber qué ha ocurrido a milímetro durante esos hechos, debemos conocer qué han hecho o han dejado (de) hacer en esos momentos quienes fueron electos y/o designados para resguardar la Constitución, el Estado de derecho y el imperio de la ley que, en conjunto, posibilitan el funcionamiento de la democracia. Y, con similar firmeza, merecemos saber qué hacían personas sin designación, mandato o legitimidad en medio de esta secuencia de sucesos. Todo ello debe ser procesado de la mejor manera para que sea concluido de la más legítima. Porque todo ello es tremendamente importante para nuestro futuro.

Pero no existe nada que sea más importante y urgente hoy que otorgarle justicia a la memoria de nuestros compatriotas acaecidos en Betanzos, Montero, Ovejuyo, Pedregal, Senkata y Sacaba. Y, en ese sentido, toda acción que de manera material o simbólica obstaculice o retire el foco de la atención a estos hechos hasta encaminarlos adecuadamente bajo el manto de un debido proceso, sale sobrando. Más aún en un escenario político y sanitario que aún se sabe delicado. La agenda que busca la justicia y la reparación por todos los hechos históricos mencionados no dejó de estar en ningún momento sobre la mesa de pendientes de mediano y largo plazo. Pero lo urgente es y siempre será la vida. Y ahí no hay margen de error o de cálculo.

Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka