El vocero presidencial Jorge Richter aseguró la noche de este miércoles que Bolivia fue víctima, en noviembre de 2019, de un "neogolpismo" y que diez hitos marcan que el "golpe" no fue casual, sino planificado.

"El neogolpismo tiene otras formas de afectar la institucionalidad constitucional. Ya no son las viejas formas de golpe de Estado con tanques en la plaza Murillo o con militares deteniendo a los líderes políticos, desapareciéndolos, hoy los golpes de Estado son sutiles y están disfrazados hasta construir asociaciones que busquen instalar una normativa legal para confundir e implementar otros elementos", sostuvo Richter.

El vocero apareció en la red social Facebook para aclarar su posición con relación a los hechos de 2019 y sobre la aparición de versiones periodísticas en sentido de que en diciembre de ese año el ahora portavoz del presidente Luis Arce calificó el gobierno de Jeanine Áñez como constitucional y legal.

Aseguró que en noviembre de 2019 existió un "golpe". "Un golpe de Estado en Bolivia bajo el argumento de recuperación de la democracia buscó de manera fundamental modificar o devolver en una lógica regresiva el Estado a las formas liberales, pero básicamente entregar el poder a los sectores muy vinculados a la vieja oligarquía económica con nexos políticos para que sean ellos nuevamente quienes tengan la posibilidad de administrar el Estado".

Richter manifestó que existieron diez hitos "que tienen una secuencia unos con otros que permite observar claramente cómo en Bolivia lo que sucedió no fue casual, ni producto de las movilizaciones sino que estaba guionizado y pensado para ser implementado".

El primero de los hitos, según el vocero, tiene que ver con los cabildos instalados en octubre de 2019 después de las elecciones nacionales, donde el mensaje de fraude empezó a crecer y se hacía llamados a la desobediencia civil. El segundo se presentó el 20 de octubre, "en el momento mismo de las elecciones" con la primera conferencia de prensa de la OEA observándo el sistema electoral TREP.

"El TREP era solamente de información preliminar, no era vinculante (…) el segundo paso del golpismo fue el 24 de noviembre de 2019 con la aprobación de la ley de convocatoria a elecciones como solución política y espacio de transición, la ley permitirá la construcción de la arquitectura jurídica que va a permitir ir hacia la calendarización electoral", recodó Richter.

En el cuarto hito ubicó el motín policial y la decisión de las Fuerzas Armadas de pedir la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Otro hecho observado es la candidatura de Áñez a la presidencia, lo que convirtió el proceso de transición en un proyecto político.

Una relación de hechos expresó Richter que tiene que ver con la posesión de Áñez como presidenta transitoria, la cual fue calificada de ilegal por el vocero presidencial por no cumplir con los requisitos constitucionales establecidos. Observó el documento emitido por el Tribunal Constitucional (TC) que supuestamente avala la presidencia de la entonces senadora.

"Aquello fue un comunicado del TC que se emitió de oficio o hubo alguien que solicitó una interpretación, no lo conocemos hasta hoy, ¿por qué se borró ese comunicado del portal web del Tribunal Constitucional?, ¿quién fue la persona que ordenó que se emitiera este comunicado?, que además, establece el precedente constitucional de 2001 en función a la constitución del (19) 67".

Según Richter, ninguno de los colaboradores de Áñez podía solicitar un pronunciamiento del TC, "el país siempre va a merecer una respuesta respecto a qué sucedió para que el TC pudiera señalar en esa interpretación difusa que enrarece el análisis. Esto también se tiene que investigar, el actuar del TC que enrareció el momento político".

"Esta históricamente acostumbrados que los muertos sean de los sectores populares, campesinos e indígenas y no les duelo, no sienten con misericordia de ellos, quieren impunidad y quieren paz y no hablan de cómo se le va reparar este daño que le han producido a cientos y miles de bolivianos" sostuvo en referencia a los más de 30 muertes y centenas de heridos por la actuación militar policial como en Senkata y Sacaba para restablecer el orden.