La OEA tiene al país enfrentado, otra vez. En 2019 dio el santo y seña para que sus aliados ejecuten el golpe de Estado al "confirmar" lo que visionariamente medios de comunicación y dirigentes políticos conservadores habían anunciado por lo menos 20 días antes de las elecciones: fraude electoral (hasta ahora no probado). Fracasado el golpe de Estado por la derrota democrática de la derecha en las elecciones de octubre del año pasado, ahora la OEA nos ofrece, otra vez, resolver el asunto. Sin ruborizarse, los líderes de la derecha que perdieron en las elecciones de octubre del año pasado, casi todos otra vez aliados en los Comités Cívicos, hicieron suyas las directrices extranjeras:

OEA, 15 de marzo: "Conformar en el marco del sistema de la ONU y/o de la OEA una comisión internacional para la investigación de casos de corrupción desde el último periodo de gobierno del expresidente Evo Morales hasta la actualidad (…)

"La reforma de la justicia es imprescindible para transformarla legítimamente en un poder del Estado independiente y revertir el proceso acelerado de cooptación que sufre actualmente…

"La liberación de todos los detenidos en el marco de este contexto, hasta contar con procesos y mecanismos imparciales…"

Comités Cívicos, 16 de marzo: "Pedimos que se conforme de manera inmediata una comisión internacional que investigue los hechos de corrupción y persecución política, hasta lograr la independencia del sistema judicial de Bolivia.

"Exigir la liberación inmediata para todos los presos y perseguidos políticos…"

Pudo ser a la inversa para intentar algo de dignidad: que primero se pronuncien los Comités Cívicos y un día después la OEA apoye sus demandas. Pero ahí tenemos a la derecha defendiendo la posición de la OEA, y a otro sector de la población, incluido el gobierno de Luis Arce, en campaña de denuncia de inaceptable injerencia en los asuntos internos.

Lo mismo ocurre con las demandas de justicia para las víctimas de la violencia de la administración de la señora Jeanine Áñez: las propias víctimas y gente en las calles que pide justicia y gente en las calles que exige impunidad, incluidas buenas gentes de un sector del activismo feminista que ahora salen a apoyar el acoso sexual y el intercambio de trabajo por sexo durante el gobierno de Áñez.

Trece meses después, un Obispo católico revela que por iniciativa de su gremio el golpe de Estado se resolvió en una reunión realizada en la Universidad Católica, lo que incluyó designar a la senadora Jeanine Áñez presidenta transitoria. Si era lícito, legal, ¿por qué se mantuvo oculta esa información? La respuesta parece demasiado simple: porque el único lugar donde se podía resolver en democracia ese tema, era en una reunión de las Cámaras del Legislativo, incluso para concretar los supuestos "acuerdos políticos de la Cato". Lo contrario era golpe. Y esa reunión de senadores y diputados nunca se realizó porque alguien ordenó a los paramilitares que tenían a su cargo la plaza Murillo y alrededores que no dejen ingresar a los legisladores del MAS (tenían dos tercios en ambas Cámaras).

Quienes profetizaban fraude mucho antes de las elecciones dicen que no es momento (en coincidencia con la OEA) para que las víctimas procuren justicia. Entonces, siguiendo la lógica de las protestas de calle, a la OEA y a su derecha boliviana habría que preguntarles: "¡¡¡cuándo es cuándo…!!!"