La Procuraduría General del Estado (PGE) pidió este martes al Ministerio Público -a través de un memorial que contiene 308 indicios- imputar al expresidente Evo Morales y a su entorno por el delito de fraude electoral, que se habría registrado en los comicios generales del 20 de octubre de 2019.

El Director Departamental de la PGE de La Paz, Fabio Joffré, exigió a los fiscales anticorrupción hacer las gestiones para la respectiva imputación, también por delitos de alteración y ocultación de resultados electorales, manipulación informática en procesos electorales.

El Gobierno de Evo Morales llevó adelante un "gigantesco fraude electoral con el objetivo de burlar la voluntad popular, evitar la segunda vuelta electoral, en beneficio de los candidatos del binomio del Movimiento al Socialismo (MAS) y en perjuicio del resto de candidatos de los demás partidos y alianzas", indica el escrito presentado ante la Fiscalía.

Al respecto, el Procurador General del Estado, Alberto Morales, en entrevista con el periódico Los Tiempos, explicó que, por los supuestos hechos fraudulentos de los comicios del 20 de octubre de 2019, se presentaron 11 demandas penales: nueve corresponden a cada departamento, donde se habría cometido el hecho; otra en contra de los exmiembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE); y la última demanda en contra de las exautoridades del Órgano Ejecutivo.

"Existen 11 casos de fraude electoral, uno por cada departamento, dos de interés nacional que radican en La Paz", indicó Morales.

El 10 de noviembre de 2019, el informe preliminar de la OEA, luego de efectuar una auditoría de la votación del 20 de octubre, no pudo avalar los resultados de los comicios debido a que identificó varias irregularidades y la "manipulación dolosa" en la transmisión de esos resultados, que dieron la victoria en primera vuelta al expresidente Evo Morales.

La postura del organismo internacional se registró en medio de las protestas sociales, en demanda del respeto del voto y la renuncia de Morales, tras las denuncias de fraude electoral en esos comicios.

Tras ese informe y aun siendo presidente, Morales convocó a nuevas elecciones y anunció la renovación de las autoridades electorales. Luego de ese anuncio, el mandatario dimitió al cargo y se fue del país.

Ante ese escenario, se anularon esos comicios y se convocó a nuevas elecciones generales para este año.

Asimismo, las autoridades del TSE de ese entonces, fueron destituidas y se iniciaron procesos penales contra 30 exfuncionarios del Órgano Electoral, entre ellos los exvocales María Eugenia Choque, Idelfonso Mamani, Antonio Costas, Lidia Iriarte, Lucy Cruz y Édgar Gonzales.

La querella enumera delitos como la falsificación de documentos, uso de instrumento falsificado, manipulación informática, alteración y ocultación de resultados, previstos en la Ley 026 del Régimen Electoral.

También se activaron otros procesos contra el expresidente Morales, el exvicepresidente Álvaro García y sus exministros, por ser los principales responsables del presunto fraude electoral.

En ese marco, la PGE explicó que en este proceso se investigan a las exaltas autoridades del Ejecutivo, que se constituyeron en autores intelectuales, financiadores y conductores del fraude a través de los exvocales, funcionarios, técnicos y empresas nacionales e internacionales que participaron en el proceso.

Según la Procuraduría, uno de los elementos centrales de prueba para solicitar la imputación en contra de Morales, es el "análisis de Integridad Electoral Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia" realizado por la misión especial de la Organización de Estados Americanos (OEA)".