Después de que el exministro de la Presidencia del Gobierno transitorio, Yerko Núñez, se declarara "perseguido político de Evo Morales" y cuestionara la orden de aprehensión que hay en su contra por el caso del supuesto 'golpe de Estado', el vocero presidencial del Gobierno de turno, Jorge Richter, salió a exponer que la postura de la exautoridad es un recurso para no presentarse ante la Justicia.

​​"Conocemos la carta del señor Núñez y pone en la firma 'perseguido político de Evo Morales' porque a través de eso por supuesto que te puedes proteger para no presentarte ante la ley", señaló en entrevista con la red televisiva Cadena A.

En las últimas horas, el exministro Núñez afirmó, vía redes sociales, que se encuentra en la clandestinidad debido "a la desmedida persecución política que ha instaurado nuevamente Evo Morales", a quien acusó de estar gobernando por medio de Luis Arce Catacora, al igual que vinculó al exministro Juan Ramón Quintana como parte de quienes están "sembrando nuevamente odio y división entre los bolivianos".


​​"En Bolivia, desde hace mucho tiempo, existe una crónica desobediencia de lo que manda la ley y, en función de eso, cuando se quiere evitar estas situaciones de obediencia de la norma, hay que politizar, porque politizando se desordena el debate y se encuentran otros argumentos en los cuales ampararse. Uno de ellos es mencionarse y decir: soy perseguido de tal persona", cuestionó Richter.

El supuesto 'golpe de Estado'​​​

Por otro lado, el vocero presidencial también detalló los hechos ocurridos en 2019 que determinan, según la narrativa del gobierno del MAS, que en Bolivia se produjo un supuesto 'golpe de Estado'. En su criterio, esto comenzó con la realización de cabildos y se sumó el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), -que tenía carácter vinculante, según el acuerdo entre el ente internacional y la administración Evo Morales-​​ que cuestionó la transparencia de las elecciones presidenciales en Bolivia.


"La presencia de la OEA, con un relato de fraude, que no lo han probado en un año, y finalmente las horas previas a la lo que han denominado sucesión constitucional", sostuvo también Richter durante su contacto con los medios, a tiempo de decir que la sucesión constitucional es un rótulo usado por el Gobierno de transición para presentar "decorosamente" ante la comunidad internacional.

En su criterio, si se quería respetar la sucesión constitucional se debió aplicar el reglamento de la Asamblea Legislativa, que indica que ante la ausencia del Presidente, Vicepresidente y presidentes del Senado y Diputados, se debe convocar a la Asamblea para elegir una nueva directiva.


"Todas esas autoridades habían renunciado; entonces tienes que recomponer las directivas y el artículo 35 del Reglamento de la Cámara de Senadores te dice, que el presidente, primer vicepresidente y tercer secretario le corresponden al bloque mayoría; la tercera vicepresidencia al bloque minorías. La señora Áñez era del bloque de la minoría, nunca hubiese podido ser presidenta del Senado por eso no reúnen las cámaras", indicó.

La salida de Evo de Bolivia

El 10 de noviembre de 2019 Evo Morales, a través de un mensaje televisado y desde el Chapare, anunció su renuncia a la Presidencia de Bolivia. ¿Cómo se llegó a ese punto? Después de un poco más de 20 días de protestas generalizadas en el país que denunciaban fraude electoral en favor del MAS, en las elecciones de octubre de ese año.

En principio Evo, que se declaró ganador antes de que el Órgano Electoral oficialice los resultados de las elecciones, subestimó las protestas, pero las mismas se fueron incrementando, de vigilias y marchas pasaron a bloqueos y paro generalizado. La violencia escaló y se empezaron a registrar decesos. Ante ese cuadro de crisis, las Fuerzas Armadas, la Policía, la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones, le pidieron a Evo hacerse a un lado y terminó renunciando. Lo mismo hizo su círculo cercano, el vicepresidente, sus ministros y los representantes de las cámaras de Senadores y Diputados.

En ese panorama, Jeanine Áñez asumió el mando del país con el aval del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

El comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en el que se avaló la sucesión constitucional en la Presidencia, en el marco del artículo 169.1, señalaba que "en caso de impedimento o ausencia definitiva de la presidenta o del presidente del Estado, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la Vicepresidenta o el Vicepresidente y, a falta de ésta o éste, por la presidenta o el presidente del Senado, y a falta de ésta o éste por la presidente o el presidente de la Cámara de Diputados. En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa (90) días".