Después de las sorpresivas aprehensiones de la expresidenta Jeanine Añez y de los dos exministros Rodrigo Guzmán de Energía y Álvaro Coimbra de Justicia, organismos internacionales y Estados Unidos instan a que en Bolivia se cumpla el debido proceso para los detenidos y el respeto a sus derechos humanos en juicios imparciales.
El jueves pasado, Lidia Patty, exdiputada del MAS, presentó a la Fiscalía la ampliación de la denuncia contra Añez y sus exministros por el caso denominado "golpe de Estado".
Horas después, sin previa notificación ni cumpliendo el principio constitucional de presunción de inocencia, la Policía aprehendió a las exautoridades del Órgano Ejecutivo.
El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó ayer que Añez es procesada en calidad de exsenadora y no como expresidenta. "No corresponde un juicio de privilegio constitucional y ésa es la realidad de los hechos" dijo. No obstante, la Carta Magna señala que los expresidentes deben afrontar juicios de responsabilidades cuando cometen delitos durante el ejercicio de sus funciones.
Al respecto, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Bolivia exhortó a que los casos en contra de exautoridades se cumplan con el debido proceso.
"La Misión subraya una vez más la importancia de que en todo proceso se observen estrictamente: las salvaguardas del debido proceso, lo que implica asegurar que toda persona cuente con una defensa adecuada y sea sometida a un juicio justo, independiente e imparcial", manifiesta el organismo internacional en un comunicado.
El Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell Fontelles, en un mensaje en Twitter instó a que la justicia sea transparente y sin presiones políticas. "Siguiendo los eventos en Bolivia. Las acusaciones por los hechos de 2019 deben resolverse en el marco de una justicia transparente y sin presiones políticas, respetando la independencia de poderes. Diálogo y reconciliación son cruciales. La UE continuará apoyando a Bolivia", dice el mensaje del diplomático.
La subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chung, mediante un tuit instó a respetar el debido proceso y respetar los derechos humanos y principios de la Carta interamericana Democrática. "Animamos a nuestros amigos y vecinos de Bolivia a sustentar todos los derechos civiles y las garantías del debido proceso de la Convención Americana sobre DDHH y los principios de la Carta Democrática Interamericana", dice Chung.
El gobierno de Luis Arce Catacora puso en marcha operativos policiales, según afirman las autoridades, a pedido de la Fiscalía que investiga un presunto "golpe de Estado" que había ocurrido entre octubre y noviembre de 2019, y que habría generado un derrocamiento de Evo Morales de la presidencia del Estado.
No obstante, los hechos ocurridos en ese entonces sucedieron de manera diferente. Una movilización ciudadana, después de las elecciones generales que fueron anuladas por fraudulentas, derivó en pedidos de renuncia de Morales, quien aspiraba a una tercera reelección continua e inconstitucional.
Entre los que "sugirieron" la renuncia del entonces mandatario estuvieron las Fuerzas Armadas y la Policía frente a los enfrentamientos entre civiles durante la crisis política.
Cartas desde la celda
Desde la celda de mujeres de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en La Paz, la expresidenta Añez, mediante dos cartas, pidió al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y al embajador de la delegación de la Unión Europea en Bolivia, Michael Dóczy, enviar misiones oficiales de sus organismos para que verifiquen el modo ilegal en que fueron aprehendidos ella y sus dos exministros de Justicia y Energía.
En las misivas, la exjefa de Estado denuncia "la sistemática vulneración de los derechos humanos en Bolivia mediante una persecución política aberrante", niega las acusaciones de un presunto "golpe de Estado" y ratifica que su presidencia fue constitucional y no "de facto".
La exautoridad denuncia que con las aprehensiones se vulneró el principio y garantía constitucional del debido proceso y la presunción de inocencia que establece el artículo 116 de la Constitución . También pone en conocimiento que policías armados realizan allanamientos ilegales para aprehender a su exministro de la Presidencia, Yerko Núñez. "Se me acusa de terrorismo, sedición y conspiración para materializar un supuesto 'golpe de Estado'; no obstante, la institución a la que usted representa ha sido testigo de un fraude en las pasadas elecciones del año 2019", escribió Añez.