El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzó ayer en Sucre a recabar el testimonio de periodistas del país sobre las agresiones durante los hechos luctuosos y violentos ocurridos en Bolivia antes y después de las elecciones anuladas de 2019, lo que desencadenó en la renuncia del expresidente Evo Morales.

En la oportunidad, al menos 11 profesionales de la prensa denunciaron la vulneración de los derechos a la libertad de expresión y al trabajo. Fueron víctimas de agresiones físicas y psicológicas, afirmó el secretario Ejecutivo del GIEI-Bolivia, Jaime Vidal.

Parte de esta comitiva fue encabezada por la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba (FSTPC) y la denuncia fue aceptada por los expertos internacionales. Tras abrir el expediente de la investigación, será el turno de las audiencias de declaración de las víctimas.

Desde la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), junto al constitucionalista Marco Baldivieso, ratificaron las denuncias, en busca de que el Gobierno boliviano inicie una campaña de no agresión y de pacificación de los ciudadanos hacia este sector.

El ejecutivo, Jorge Ábrego, informó que la comisión, anteriormente, ya emitió una primera medida cautelar recomendando al Gobierno boliviano que brinde protección con guardias policiales de custodia a dos de los periodistas víctimas de agresiones. La denuncia documentada fue inicialmente presentada por la FSTPC a la comisión en una primera visita en 2020 para que sea revisada en busca de la verdad de los hechos.

Dijo también que la Confederación se reunió en Sucre para llevar adelante su ampliado nacional en el que sus miembros acordaron gestionar el reconocimiento legal del Estado y ratificaron la expulsión con ignominia del exdirigente Héctor Aguilar, quien, con diversas argucias, intenta seguir ejerciendo como ejecutivo de los periodistas del país cuando sobre él pesan varias denuncias.