El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz remitió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) el expediente de denuncia contra el candidato a la Alcaldía cruceña por UCS, Jhonny Fernández Saucedo, interpuesta el 8 de febrero por Omar Rivera, candidato al sillón municipal por el Movimiento Tercer Sistema (MTS).
El documento, firmado por Saúl Paniagua Flores, presidente del TED y dirigido a Salvador Romero Ballivián, titular del TSE, señala que la resolución se efectúa conforme a lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 2018 del Órgano Electoral Plurinacional, toda vez que se trata de una organización política de alcance nacional.
El 8 de febrero, Rivera interpuso una demanda ante el TED en la que argumentaba que el candidato de UCS difundió en una de sus cuentas de Facebook resultados de una encuesta que publicó una revista. El mismo día, el TED cruceño había admitido la demanda contra Fernández.
"Hemos presentado la denuncia porque es un delito electoral el propagar encuestas, peor en páginas oficiales. Por lo tanto, nuestra denuncia va en contra del señor Fernández, de la UCS porque ha propagado una encuesta", sostuvo Rivera en aquella oportunidad.
La denuncia del candidato del MTS indica que el delito se cometió el 5 de febrero. Cuando se consultó a Fernández si esa cuenta de Facebook era suya y él respondió que ésta había sido dada de baja el 20 de enero en el TED cruceño y que, por lo tanto, no estaba registrada como oficial.
El artículo 136 de la Ley Electoral 026 señala: "Las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas por el Órgano Electoral Plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica; además, serán sancionadas con una multa equivalente al doble del monto resultante de la tarifa más alta inscrita por el medio de difusión en el Órgano Electoral Plurinacional por el tiempo o espacio dedicado a la difusión de tales estudios".
El 3 de febrero, Rivera ya había denunciado a Fernández ante el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y delitos de investigación retroactiva e imprescriptibles.