La Fiscalía imputa al excomandante de la Policía de Cochabamba por muertes en Sacaba
En los hechos de violencia del 15 de noviembre de 2019 perdieron la vida nueve personas por herida de bala. En ese conflicto operaron militares y policías

La Fiscalía imputó al excomandante de la Policía de Cochabamba Jaime Zurita por los hechos de violencia y muerte en noviembre de 2019 en Sacaba. Se lo acusa por los delitos de asesinato y lesiones graves.

Zurita estuvo al mando de la Policía cuando se ejecutó un operativo para evitar que una marcha de cocaleros y de otros sectores cruce el puente Huayllani y llegue a la ciudad de Cochabamba en apoyo a Evo Morales, que para entonces ya había renunciado.

La coordinadora de la Fiscalía en Cochabamba, Ximena Narvaez, informó –según Opinión- de la imputación contra el exjefe policial, aunque explicó que no se tiene aún la fecha de las medidas cautelares a la que deberá ser sometido el acusado.

Durante el operativo policial-militar perdieron la vida nueve personas por herida de bala y otras decenas de movilizados resultaron heridos. El exministro de Gobierno Arturo Murillo dijo que los disparos salieron de las mismas protestas.

Por los mismos hechos, el comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba, el general de Ejército Alfredo Cuéllar también fue imputado y en audiencia cautelar un juez decidió su detención domiciliaria

En diciembre, el nuevo Alto Mando bajo el comando del general César Vallejos comprometió "el esclarecimiento de los hechos ocurridos en octubre y noviembre del año pasado".

"En este sentido de transparencia y compromiso con la patria, este mando garantiza el esclarecimiento de los hechos ocurridos en octubre y noviembre del año pasado, lo realizaremos sin escatimar trabajo y tiempo para dar con los responsables de tan nefastos actos que enlutaron a la familia boliviana", comprometió el general.

El comandante de la Policía, coronel Jhonny Aguilera, también comprometió el apoyo institucional para el esclarecimiento de los sucesos que también son indagados por un equipo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Morales fue obligado a dimitir en noviembre de 2019, en medio de denuncias de fraude electoral, un motín policial, un paro cívico y la "sugerencia" militar de dejar el cargo. Tomó el poder la entonces senadora Jeanine Áñez, quien aprobó un decreto para eximir de responsabilidad penal a los militares que participen de los operativos de restablecimiento del orden.

Ese decreto fue anulado ante las presiones internas y externas.