Los sectores sociales afines al oficialismo dieron un plazo de 24 horas el presidente Luis Arce para promulgar la Ley de Emergencia Sanitaria que es rechazada por los médicos. Desde la Casa Grande del Pueblo, el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, aseguró que la oposición a la norma responde a intereses corporativos y de "mercantilización de la salud".

Representantes del denominado Pacto de Unidad y de la COB lanzaron la advertencia, luego de una reunión con el ministro de Salud, Jeyson Auza, para conocer los detalles de la ley sancionada por el Legislativo con la incorporación de modificaciones planteadas por el Colegio Médico de Bolivia e inscritas en un acuerdo.

"Se conforma el Consejo Nacional de Defensa Nacional de la Salud y la Vida, a la cabeza de la COB. Nos estamos declarando en estado de emergencia si el gobierno no promulga en 24 horas este proyecto de ley", advirtió Huarachi en una conferencia de prensa acompañado por Auza y diferentes dirigentes.

A pesar de haber firmado un acuerdo, la representación de los médicos rechazó la norma y pidió una nueva reunión con el Gobierno con la amenaza de llegar a un paro indefinido de ponerse en vigencia la iniciativa que regula los precios de los servicios privados de salud y la importación de vacunas y otros ítems de salud.

"No podemos aceptar el capricho de algunos sectores que simplemente quieren mercantilizar la salud de los bolivianos. Y eso ha pasado el año pasado", cuestionó en referencia a los cobros reportados en clínicas privadas para pacientes COVID-19, incluso pidiendo fuertes sumas de dinero como garantía.

Huarachi ni Auza respondieron preguntas de los periodistas.