A la cabeza de los empresarios privados, cuatro sectores económicos cumplen este lunes su "paro movilizado" en rechazo a la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) por considerarla una "amenaza" para la propiedad privada y la seguridad jurídica.
La disposición en cuestión faculta "activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos".
La protesta, que durará 24 horas e incluirá marchas y bloqueos, cuenta con el respaldo de sectores productivos, industriales, exportadores y transportistas del país. Entretanto, parte de los gremiales rechazaron sumarse a la medida.
"La disposición séptima es atentatoria a derechos constitucionales y va en contra del sector productivo y de abastecimiento", explicó Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI).
Eso sí, la medida de presión no incluirá bloqueos ni cierre de carreteras. Se prevé haya diferentes movilizaciones y el cierre de empresas, sobre todo en Santa Cruz.
"Las empresas van a parar sus actividades, van a cerrar por 24 horas. Entonces, los mercados van a estar trabajando. Si bien no va a estar la totalidad de socios porque vamos a estar movilizados, pero vamos a estar trabajando. De la misma manera, las carreteras van a estar expedidas", detalló, por ejemplo, el dirigente gremial de Santa Cruz, Edgar Álvarez.
Los sectores movilizados ya fueron convocados, en más de una ocasión, por el Gobierno para participar en la reglamentación de la disposición; sin embargo, éstos rechazaron participar y cerraron filas en la exigencia de que la medida se derogue.
En esa línea, la Cámara de Senadores derogó la disposición y remitió el documento a la Cámara de Diputados para su revisión.
En un ampliado multisectorial en Tarija, sectores productivos exigieron al vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, convocar a sesión para derogar la disposición séptima, y al presidente, Luis Arce, impulsar su eliminación a través de la bancada arcista.
El Gobierno rechaza la medida
El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, cuestionó el paro contra la disposición séptima de la Ley 1613, convocado por gremiales y empresarios para este lunes 10 de febrero, y calificó a esta medida como innecesaria y contradictoria a los intereses de esos sectores.
"Lamentablemente muchos de ellos que tienen un interés más de carácter político no han venido al diálogo y se han organizado en un comité interinstitucional que está planteando un paro nacional el día de mañana (lunes), lo entendemos en forma totalmente innecesaria y contradictoria, al mismo tiempo, por cuanto normalmente la industria, la empresa siempre está en desacuerdo, siempre rechaza un bloqueo, una movilización, marcha, paros porque afecta a la industria", cuestionó este domingo la autoridad en contacto con Bolivia Tv.
Explicó que el Gobierno nacional cursó invitaciones a diferentes sectores como el gremial, empresarial, industrial para sentarse en la mesa de diálogo y discutir elementos planteados por los mismos, en torno a la disposición séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.
"Continuamos en este escenario de diálogo todavía para seguir conversando con industriales, empresarios, gremialistas y con cualquier otro sector que crea verse afectado por esta disposición normativa", enfatizó.
Señaló que por día de paro la industria pierde millones de bolivianos, a diferencia del comerciante minorista que, por una jornada que se le obligue a marchar o a cerrar el puesto de venta, pierde entre Bs 30, Bs 50, Bs 100, Bs 200.
"Dependiendo, hay gente que trabaja mucho y gana poco, pero que mañana les obligarán a parar en forma totalmente innecesaria, fuera del marco de la realidad esta versión que han hecho conocer sus dirigentes", reprochó.
Mencionó que, sin embargo, el Gobierno continúa avanzando y espera reunirse con la Confederación Nacional de Gremiales, liderada por Juan Carlos García, que solicitó que se reprograme este encuentro para la próxima semana.
"Se ha firmado ya un acuerdo con la Confederación de Gremiales de Rodolfo Mancilla, quienes han planteado en el anteproyecto de decreto supremo que se excluya (de esa norma) a la familia gremial del comercio minorista, así se ha atendido", afirmó.
Añadió que el anteproyecto fue dado a conocer a otras organizaciones gremiales quienes solicitaron un cuarto intermedio hasta la próxima semana. Además, la Confederación de Empresarios Privados solicitó reprogramar la reunión para el próximo martes.