La Defensoría del Pueblo condena de manera enérgica y categórica el uso abusivo de la fuerza policial para reprimir a trabajadores de Abya Yala TV, cuando realizaban una protesta en plaza Murillo por la falta de pago del Estado por servicios prestados en la gestión 2019. Condena, asimismo, que los trabajadores de la prensa que cubrían la movilización hayan sido desalojados con el uso de agentes químicos que fueron aplicados directamente a la cara de los periodistas, además de recibir empujones y golpes por parte de los efectivos policiales.

De ninguna manera se puede aceptar que la Policía Boliviana, y en especial efectivos policiales de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), repriman de forma violenta cualquier forma de ejercicio del derecho a la protesta en inmediaciones de la Plaza Murillo, y que cualquier vulneración a derechos humanos pretenda ser camuflada como una "consecuencia" de las actividades de control y restablecimiento del orden por parte de la fuerza pública.

Recuerda al Estado que la protesta es un derecho que debe ser respetado y que los trabajadores gozan de mayor protección en el reclamo para la atención de sus demandas y que en este caso, además, se denota una vulneración indirecta la libertad de expresión que se ve agravada con el violento accionar violento y desproporcional de la Policía Boliviana.

Advierte que cualquier agresión por parte de la Policía Boliviana a miembros de medios de comunicación que realizan la cobertura de una protesta, tienen un impacto negativo en otros periodistas que deben cubrir hechos de esa naturaleza, quienes pueden temer sufrir actos similares de violencia, lo cual afecta la posibilidad de hacer llegar la información a la población.

La Institución Defensorial demanda a las autoridades de la Policía Boliviana a asumir medidas correctivas ante este tipo de atropellos e inicien las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades de los servidores policiales involucrados.

La Defensoría del Pueblo ha iniciado una investigación ante la evidente vulneración al trabajo de periodistas, y asimismo, hará seguimiento a la respuesta que reciban de parte del Gobierno sobre la deuda pendiente, situación que estaría afectando económicamente a sus familias.