La decisión del Ejecutivo se da después de que la mañana de este viernes legisladores del ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS) agredieran al vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, e impidieran que se instale la sesión en la que el jefe de Estado, Luis Arce, debía presentar su informe de gestión.
El Gobierno nacional acusó falta de garantías y no asistió al diálogo programado con el evismo, que debía desarrollarse en instalaciones de la Defensoría del Pueblo la tarde este viernes.
La decisión del Ejecutivo se da después de que la mañana de este viernes legisladores del ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS) agredieran al vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, e impidieran que se instale la sesión en la que el jefe de Estado, Luis Arce, debía presentar su informe de gestión.
Por el evismo, se hicieron presentes al diálogo los abogados de Evo Morales, Wilfredo Chávez y Nelson Cox.
Chávez, al respecto, afirmó que lo acontecido en la ALP no tiene relación con ellos y afirmó que la falta de garantías "parece" una escusa para no iniciar el diálogo.
"El Gobierno no ha asistido. Dieron a conocer que no van asistir porque no existe las garantías suficientes para el diálogo (…) Es un pretexto para no dialogar", afirmó.
Agregó que su sector "insistirá" en que el Defensor del Pueblo pueda mediar el diálogo y anticipó que el evismo evaluará "internamente" "lo que vamos a hacer".
Al respecto, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento en el que confirma que el diálogo "no pudo avanzar".
"Tras el permanente llamado a los sectores y actores del reciente conflicto a optar por la vía del diálogo como único mecanismo de resolución del mismo, en dos oportunidades, de manera formal, se expuso la voluntad institucional de servir como facilitadora de un espacio de diálogo, transparente, público y sincero, en el marco de la normativa vigente, el mismo que hoy no pudo avanzar", señaló la entidad defensorial.
En ese contexto, la Defensoría exhortó a los sectores y actores en conflicto "a priorizar el bien mayor para la población boliviana y recordar que la vía del diálogo solo es posible bajo la responsabilidad y voluntad real de las partes".
"La Defensoría del Pueblo ratifica su compromiso de velar por los derechos humanos de la población boliviana y de seguir impulsando soluciones pacíficas de cualquier situación de conflictividad en el país, desde el enfoque de derechos humanos y la cultura de diálogo y paz", finaliza el texto.
Seguidores de Evo Morales iniciaron un bloqueo de caminos desde el 14 de octubre, después de que se confirmara que la Fiscalía inició una nueva investigación en contra del expresidente Morales por presunto estupro y trata de personas, aunque también hablaron abiertamente de buscar la renuncia del presidente Luis Arce.
El bloqueo del evismo, sin embargo, se caracterizó por la violencia contra la Policía, los trabajadores de salud y hasta la prensa y ocasionó un daño económico de más de 2 mil millones de dólares al país.
Además, en medio de la medida, los evistas tomaron cuartales del ejército y hasta retuvieron a militares, lo que es investigado por la Fiscalía por delitos como alzamiento armado, entre otros.
En respuesta, el Gobierno inició operativos policiales, con apoyo de los militares, para desbloquear las rutas y los movilizados decidieron dar un cuarto intermedio a sus medidas de presión; sin embargo, en las últimas horas volvieron a amenazar con volver a bloquear las carreteras.