El dirigente Humberto Claros declaro una pausa de 72 horas por razones humanitarias en el bloqueo de caminos, después de 24 días. El propio Evo Morales pidió declarar un cuarto intermedio para que se instale el diálogo con el Gobierno.
"Estamos haciendo una pausa con vigilia por 72 horas por un tema humanitario. Queremos ir a llorar a nuestros muertos que nos han ocasionado, queremos ir a curar las heridas de nuestros heridos. queremos ir a defender a nuestros presos en este momento", dijo Claros.
El dirigente reiteró que se exige la suspensión de los procesos judiciales contra el expresidente Evo Morales y la liberación de los detenidos en Parotani y Mairana; amenazó con reiniciar los bloqueos si el Gobierno no responde su pedido.
Morales está en huelga de hambre desde hace cuatro días, ayer pidió públicamente, por segunda vez, la declaratoria de un cuarto intermedio en el bloqueo de caminos.
Según Claros, sus seguidores no quieren levantar los bloqueos quiere declarar cuarto intermedio, pero con todo ese pesar levantarán de manera momentánea la medida y cumplirán una vigilia.
"Queremos ver ahora, en estas 72 horas que estamos dando, que mañana mismo tengan combustible, tengan dólar y la canasta familiar esté estable, que mañana mismo desaparezcan las filas en los surtidores", agregó.
Desde el viernes pasado, empezaron los operativos de la Policía para desbloquear las vías, que dejaron a Cochabamba cercada, con apoyo de las Fuerzas Armadas en Parotani, lo que habilitó la conexión de Cochabamba con el occidente de Bolivia. El lunes se habilitó el paso en Mairana, Santa Cruz, y Capinota, Cochabamba. Mientras que el martes se despejo las vías en Aiquile y Mizque.
Durante los operativos se detuvo al menos a 170 personas que fueron trasladadas a la ciudad de La Paz. Se denunció el uso de dinamita contra los policías y el secuestro de dos efectivos que fueron rescatados.
Transportistas, exportadores, importadores, gremiales, comerciantes, agricultores y muchos otros sectores productivos rechazaron esta medida extrema que ocasionó al país perjuicios económicos que suman más de $us 2.000 millones y riesgos para la seguridad alimentaria, según los datos oficiales.