El director de Asuntos Jurídicos y Normativos de la Gobernación, José Hernán Gutiérrez, explicó hoy que la institución se encuentra haciendo seguimiento a los casos del exprefecto Manfred Reyes Villa, desde que retornó a Cochabamba. En conferencia de prensa, el funcionario explicó que Reyes Villa, ahora candidato a alcalde por la alianza Súmate, mantiene una deuda con la Gobernación y que ello es "innegable".

Por ello, espera acciones del Tribunal Supremo de Justicia. "El Gobierno Departamental ha dado a conocer la existencia de una deuda de Manfred Reyes Villa, de 2.3 millones de bolivianos. Esta deuda existe, es de un proceso coactivo que ha sido adoptado hasta una instancia de auto supremo, pero este fallo se dejó sin efecto a través de una sentencia constitucional que planteó su defensa. Ha concedido tutela el Tribunal Constitucional, lo que significa que con la resolución de auto supremo quedó también en suspenso la calidad ejecutoriada. Esta no desvanece la existencia de la deuda".
"Estamos a la espera de que el Tribunal Supremo de Justicia emita un nuevo auto supremo que nos dé la calidad ejecutoriada para efectivizar esa deuda", explicó, mencionando que el concepto del compromiso sostenido está circunscripto a una compra de motorizados que se concretó cuando el ahora candidato a la Alcaldía era prefecto. "Esto derivó en un daño económico".
Para la Gobernación, es "inconcebible que el Tribunal no haya podido emitir un auto supremo desde 2016, mismo que ponga una resolución final a este proceso". "Es responsabilidad de los magistrados este incumplimiento de deberes. Vamos a evaluar acciones".

Mientras, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cerró la carpeta con respecto al debate de la habilitación de Reyes Villa como postulante a la Alcaldía. El presidente de esa entidad, Salvador Romero, aseveró que la resolución fue determinada por el Tribunal.

Diputados cochabambinos del Movimiento Al Socialismo (MAS), disconformes con la habilitación de Reyes Villa, advirtieron que elevarán una denuncia penal en contra de los vocales que dieron el visto bueno. La bancada considera que las resoluciones contravienen lo expresado en la Constitución. Manfred había sido observado por arrastrar un requerimiento de pago ejecutoriado y un proceso coactivo fiscal ejecutoriado.