Salas Constitucionales de Pando y Beni declararon desierta la convocatoria para la preselección de candidatos al Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Constitucional Plurinacional. De ejecutarse, las elecciones judiciales quedarían paralizadas y no se desarrollarían el próximo 1 de diciembre.
En un mismo día, dos salas constitucionales emitieron fallos que ponen en riesgo la realización de las elecciones judiciales, programadas para el 1 de diciembre. El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, denunció un "golpe a la democracia".
Primero, la Sala Constitucional de Pando declaró desierta la convocatoria al proceso de preselección de candidatos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al conceder tutela a la excandidata María Esther Caero, quien impugnó el proceso porque incumplió los parámetros de equidad de género, plurinacionalidad y representación departamental territorial e incorporaron a "candidatos aplazados".
Según la justificación de la Sala Constitucional, la falta de cumplimiento en el requisito de equidad de género, indígena y de número mínimo de postulantes provocaron que se declare desierta la convocatoria a elecciones judiciales a nivel nacional para conformar el Tribunal Supremo de Justicia.
Horas después, la Sala Constitucional de Beni declaró desiertas las convocatorias para postulantes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) e instruyó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que remita las observaciones a la Asamblea Legislativa para que retire a los candidatos que incumplieron los requisitos meritocráticos y subsanen las listas.
Hugo Vargas, expostulante al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por el departamento de Beni, presentó un amparo constitucional en una sala constitucional de Beni, debido a que fue inhabilitado, pese a que, según afirmó, obtuvo un alto puntaje en su postulación.
En ambos casos, los vocales determinaron declara inaplicable el artículo 37 de la Ley Transitoria de Elecciones Judiciales, donde se establecen las reglas de calificación para la fase de preselección.
Al respecto, el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, denunció que se trata de un "golpe a la democracia que no lo hemos visto en los últimos años".
Denunció que el TSE no estaba enterado del caso en Pando y que en Beni se extralimitó la Sala Constitucional.
"No quisiéramos entender que este es un golpe judicial a la ejecución de los procesos electorales. Esperamos que quienes van a revisar estos fallos puedan actuar precautelando ese derecho que tienen las bolivianas y los bolivianos", afirmó Vargas, según reporte de Erbol.
Anunció que el TSE recién tomará posición institucional, pero una de las posibilidades es solicitar medidas cautelares ante el Tribunal Constitucional.