La Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) instalará una vigilia en puertas de la Fiscalía General del Estado, en la ciudad de Sucre, Chuquisaca, y exigirá una explicación al titular Juan Lanchipa por la destitución de los profesionales que investigaban a Evo Morales por el delito de trata y tráfico de personas y estupro.
"Pedimos explicaciones al fiscal general por el encubrimiento al señor Evo Morales por el caso de (supuesto) estupro y felicito a los tres fiscales que tuvieron la valentía de sacar la orden de aprehensión contra Morales que tanto daño hace al país", afirmó el dirigente de la organización, Carlos Arrayaza.
Señaló que las organizaciones sociales del Pacto de Unidad se organizan para una vigilia para pedir que se aclare este caso, en el cual la víctima era una adolescente que tenía 15 años, y que conmueve a la sociedad boliviana.
La noche del miércoles, se conoció una orden de aprehensión en contra de Morales por el delito de trata y tráfico de personas y estupro. Una vez que fue conocida la orden, el fiscal general Juan Lanchipa destituyó a la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, y a otros dos fiscales que no obedecieron la orden de no investigar el caso.
El dirigente criticó la actitud de Lanchipa porque "demuestra su afinidad con Morales".
De la misma forma, la exdirigente de la Confederación de Mujeres Campesinas de Bolivia, Maribel Avalos, expresó su indignación por la destitución de los fiscales para frenar el proceso por parte de Lanchipa.
"En cada departamento hay denuncias que quedaron en la nada, y ahora entendemos por qué, y por eso Lanchipa debía renunciar y no hacer quedar mal a la justicia boliviana, y este delito no puede quedar impune", dijo Ávalos en conferencia de prensa en la ciudad de La Paz.
Señaló que los seguidores de Morales no pueden defender lo "indefendible" ni engañar al pueblo boliviano.
Además, pidió a los legisladores aprobar el Proyecto de Ley de Protección Reforzada para Niños, Niñas y Adolescentes, que busca agravar la pena y la imprescriptibilidad de delitos contra la niñez, que está paralizado en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).