El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, negó este jueves haber ordenado la paralización de la orden de aprehensión emitida contra Evo Morales y aseguró que la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, no fue destituida por ese caso, sino por "actos negligentes".
En conferencia de prensa, Lanchipa confirmó que Morales es investigado por el delito de trata y tráfico de personas y señaló que la Fiscalía inició su trabajo el 25 de septiembre, cuando recibió el informe policial.
Señaló que como máxima autoridad del Ministerio Público ordenó la conformación de una comisión de fiscales para indagar el hecho "precautelando el debido proceso, el respeto al principio de objetividad y garantizando la no revictimización".
"En la tramitación de la causa, en ningún momento di instrucción para paralizar el proceso indicado", afirmó Lanchipa.
En ese sentido, aseveró que la orden de aprehensión contra Morales fue dejada sin efecto por decisión de una juez de garantías, quien, dijo, evidenció "inconsistencias" en la acusación presentada y advirtió "violación a los derechos fundamentales de las partes".
Ante esa situación, Lanchipa afirmó que se tomó la decisión de destituir a la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, por su "conducta negligente" ya que, aseveró, debía seguir la investigación para asegurarse que no existe inconsistencias en el proceso.
Finalmente, añadió que Gutiérrez también incurrió en negligencia en otros casos, por lo que se tomó la dura decisión.
Ayer, Sandra Gutiérrez había informado que la orden de aprehensión contra Evo Morales se dio en el marco de un caso que data años anteriores y cuya víctima sería una menor de 15 años.
Empero, denunció que fue destituida del cargo de Fiscal Departamental tras activar la orden de aprehensión.
"Esto no iba a quedar como un caso más de las denuncias que ha tenido Evo Morales (…) No voy a dar más detalles ya que a partir de la fecha dejo de ser Fiscal Departamental y me voy con altura", señaló Gutiérrez.
Gutiérrez detalló que el caso en cuestión fue llevada en reserva y se desactivó por dos hechos. El primero una acción de libertad interpuesta por los abogados de Morales en Santa Cruz que ganó y dejó sin efecto la resolución de aprehensión.
El segundo hecho fue una comunicación que habría existido de Gutiérrez con el fiscal general, Juan Lanchipa, quien le habría pedido que pase todos los documentos a su despacho y que se realizaría desde Sucre; la fiscal se negó a remitir el caso y le llegó el memorándum de agradecimiento de servicios desde la Fiscalía General.