El exministro de Gobierno, Carlos Romero, denunció que existe una 'persecución política' contra el exmandatario Evo Morales. Informó de una orden de aprehensión que se emitió, en tiempo 'récord y de forma arbitraria', en su contra por una serie de delitos.
"Se ha iniciado una sañuda persecución (…), entendemos que hay órdenes de aprehensión contra los principales dirigentes de la marcha. El día jueves (26 de septiembre) se activaron varios procesos judiciales contra el expresidente Morales", denunció en conferencia de prensa.
Denuncias
Según explicó el exministro, existen una serie de denuncias contra el expresidente. Por calumnias y difamación, iniciada por la Procuraduría General del Estado, por destrucción de vías, luego de la denominada 'Marcha para salvar Bolivia'. Pero la más grave, y la que logró la orden de aprehensión, se originó en la Fiscalía Departamental de Tarija.
Aunque Romero no aclaró de qué delitos se acusaba a Morales, la ahora exfiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, dijo que se debía al crimen de estupro y trata y tráfico de personas.
El exministro afirmó que la orden de aprehensión se realizó en tiempo récord y de manera totalmente arbitraria, sin seguir los procedimientos legales. Sostuvo que se formalizó la detención de Morales en solo 2 horas.
Explicó que la comisión de fiscales que conformó Gutiérrez argumentó que, al tratarse de una exautoridad, existía riesgo de fuga, por lo que activaron la aprehensión, sin que Morales sea citado para declarar.
"El presidente Morales ha estado rodeado, secuestrado, estos días, rodeado por un despliegue militar, policial, porque mandaron carros blindados, policías de élite para aprehenderlo y sacarlo en helicóptero", protestó Romero.
Acción de libertad
Dijo que el ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) se mantuvo en reserva y en silencio respecto al tema hasta que se opere jurídicamente, lo que finalmente ocurrió este miércoles.
"La orden de aprehensión acaba de caerse, porque una acción de libertad nos ha dado la razón", informó.
El motivo principal es que se demostró que la denuncia no correspondía por una razón de territorio. La resolución de aprehensión señalaba que el domicilio de Morales se encontraba en Cercado, Tarija, pero los datos indicaban que el expresidente habitaba en Villa Tunari, Tarija.
Por lo tanto, el proceso carece de nulidad, ya que se inició con datos equivocados. En criterio del evismo, es la prueba de la persecución del Gobierno.
En tanto, la fiscal Gutiérrez fue alejada de su cargo y denunció que el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, protege a Morales.