El presidente del TSJ, Marco Jaimes, informó que el trámite se encuentra en la Cancillería. Una vez que se cumpla la notificación, corre el plazo de 60 días para que ese país presente la solicitud formal.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Jaimes Molina, informó este martes que dispuso notificar a Estados Unidos con la detención preventiva con fines de extradición de Maximiliano Dávila, acusado de narcotráfico.
El trámite se encuentra en la Cancillería y recién una vez que se haya realizado la notificación, correrá el plazo de 60 días para que ese país presente la solicitud formal de extradición.
"En fecha 26 de agosto se ejecutó el mandamiento de aprehensión con fines de extradición de Maximiliano Dávila, el 17 de septiembre el Tribunal Supremo de Justicia; a través del magistrado tramitador, dispuso la comunicación a Estados Unidos para que conozca formalmente la detención preventiva", explicó Jaimes a los medios de comunicación.
Asimismo, la autoridad judicial aclaró que cuando el país norteamericano sea notificado continuará con el trámite; y presentará formalmente la solicitud de extradición.
Dávila
Explicó que la notificación se encuentra actualmente en la Cancillería, que seguramente en los siguientes días la ejecutará.
"El plazo de los 60 días que estable el artículo 8 del tratado de extradición vigente entre Estados Unidos y Bolivia aún no está corriendo; porque se computa a partir de que se introduce la notificación", complementó.
El 2 de agosto, la Cancillería solicitó al TSJ atender el pedido de extradición de Dávila, jefe antidroga durante la gestión de Evo Morales y detenido en el penal de San Pedro de La Paz.
El 3 de septiembre, Dávila fue notificación con la solicitud de extradición a Estados Unidos; acusado por la supuesta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas y delitos relacionados con armas de fuego.
Dávila fue aprehendido el 22 de enero de 2022 cuando intentaba escapar por la frontera de Villazón a Argentina. En un inicio, el Ministerio Público lo acusó por el delito de ganancias ilícitas; y amplío la investigación contra sus familiares y allegados. Pero no consideró el delito por narcotráfico, aunque tampoco lo descartó.
Sin embargo, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) lo vinculó como uno de los capos del narcotráfico en la región.
Según las investigaciones de la DEA, iniciadas en 2019 en Bolivia, Perú y Colombia, se identificó una organización de narcotráfico que operaba en el país. Su máxima exportación era la cocaína, aunque también traficaban otras sustancias con destino a Estados Unido