La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz conminó este miércoles a cumplir la resolución constitucional 040/2024 que prohíbe a Evo Morales, organizaciones sociales y actores, políticos, entre otros, a realizar bloqueo de caminos ni provocar intransitabilidad de las carreteras del Estado.
"En caso de desobedecer o incumplir la presente determinación, deben activarse todos los mecanismos legales exhortados al Ministerio de Gobierno y sea en coordinación con el Ministerio Público", señala la determinación de la Sala Constitucional.
Asimismo, la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz también avaló la legalidad del Instructivo del Ministerio de Gobierno 081/2024 que instruye a la Policía a realizar "las acciones pertinentes e intervención en los bloqueos anunciados con la finalidad de permitir el ejercicio de derechos de la población, que posiblemente fueron vulnerados; así como la identificación de los responsables de estos hechos, en cumplimiento de la misión constitucional de la Policía boliviana en defensa de la sociedad, la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano (…) deberán activarse mecanismos de coordinación con las instancias competentes, como ser el Ministerio Público, entre otras".
La decisión de la Sala Constitucional se da en medio de la marcha liderada por Evo Morales, que se traslada desde Caracollo a La Paz, para, entre otros puntos, exigir que el dirigente cocalero sea habilitado como candidato presie3encial de cara a las elecciones del 2025.
Además, dirigentes sociales afines a Morales anunciaron que iniciarán un bloqueo nacional de caminos a partir de octubre con el mismo fin.
En paralelo, 'Ponchos Rojos' contestatarios al Gobierno, y también afines a Morales, bloquean la ruta a Copacabana desde el pasado lunes exigiendo la renuncia del presidente y vicepresidente del Estado, Luis Arce y David Choquehuanca, respectivamente.
Ya el pasado 16 de febrero, la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ya había dispuesto, a través de la Resolución Constitucional 040/2024 a raíz de una acción presentada por el político Amilcar Barral, que Evo Morales no puede atribuirse "la representación de los derechos civiles y políticos de toda la sociedad".
Además, la resolución exhorta a Morales de "inhibirse" de afectar los derechos fundamentales que tienen los bolivianos, "lo cual es desplazarse en todo el territorio nacional", como también de "promover e incitar a realizar bloqueos".