En medio de toda la tragedia que estamos viviendo en esta terrible segunda ola de pandemia que aqueja a nuestro país, se ha podido vislumbrar algunas voces que sostienen que el Tribunal Supremo Electoral debe postergar las elecciones. En medio de este contexto resulta innecesario, cuando no indolente, establecer algunas razones político-institucionales por las cuales se puede considerar necesario llevar adelante las elecciones agendadas, aunque esas razones distarían enormemente de las que el país tenía en 2020.

Lo que sí es posible señalar es que desde el lado de la institucionalidad electoral del país se ha acumulado experiencia en el pasado proceso electoral que, con sus problemas y en medio de una primera ola de la pandemia, supo salir hacia adelante. Y esta acumulación implica sobre todo la implementación de la logística electoral a llevar adelante por funcionarios electorales, previamente y durante la jornada de votación. Así, se puede suponer que esta logística solo podría apuntar a afinarse de mejor manera en esta segunda experiencia en pandemia, lo que debiera permitir aumentar y optimizar las medidas de bioseguridad necesarias para esta votación, como ya se ha anunciado.

Donde se concentra otra buena parte de la gestión de los riesgos de bioseguridad masiva que giran en torno al desarrollo de las campañas, es en el lado de las alianzas/organizaciones políticas, que a pesar de que pregonan en sus planes de gobierno: la priorización de la salud, la creatividad en la acción pública y la digitalización a todos los niveles, parecieran incapaces de privilegiar campañas electorales digitales por encima de la campaña en las calles, como ya quedó demostrado en el pasado proceso electoral. Esta actitud también se hace manifiesta en el poco eco y compromiso que ha desplegado hasta hoy un "Acuerdo para una Campaña Electoral Segura", propuesto desde hace una semana.

Luego, es desde el lado de la ciudadanía, que es la que ha atravesado el pasado proceso electoral con nota de excelencia, donde se concentra otro porcentaje de experiencia que debiera permitir que este proceso electoral (a llevarse a cabo inevitablemente en medio de la pandemia) se implemente de mejor manera tanto en sus medidas de bioseguridad como en la paciente cultura de votación que tenemos como uno de los baluartes de nuestra democracia. Esperando que, por supuesto, el ente electoral, más temprano que tarde, haga los anuncios necesarios para flexibilizar las obligatoriedades establecidas en la normativa de manera excepcional y permitir que el riesgo también, en esta ocasión, sea una elección y no una obligación.

Quedará para momentos más oportunos la discusión política en torno a por qué se produjeron tantas postergaciones de la votación el año pasado cuando en éste la certeza respecto a la fecha de votación no se ha movido y no se vislumbran presiones de otros poderes sobre la misma. Queda ahora en espalda de la Organización Panamericana de la Salud, los datos científicos y médicos sobre los cuales el ente electoral mantiene esta fecha inamovible (algo que aún podría cambiar) y que idealmente debieran ser públicos con el fin de incrementar la certidumbre existente. Queda en manos de la clase política el generar campañas creativas y sobre todo seguras, comprometiéndose de verdad con su rol en el proceso electoral en vez de trasladar la responsabilidad a otros. Y, finalmente, queda de manera definitiva (y ojalá lo menos obligada posible) en manos de la ciudadanía determinar si una apatía generalizada por este proceso gana la mano a quienes hacen campaña irresponsablemente o si se mantienen las variadas premisas identitarias y políticas que suelen hacernos elegir gobernantes a nuestra semejanza, pese a las circunstancias.

Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka