Sin la oposición, el MAS en Diputados aprobó la Ley de Emergencia Sanitaria que, entre otros aspectos, prohíbe la paralización de los servicios de salud por paros, huelgas y protestas en tanto está vigente la declaratoria de emergencia, y "simplifica" la contratación de profesionales de salud que hayan concluido sus estudios en medicina en Bolivia o en el extranjero.

La iniciativa legal regula los estados de emergencia sanitaria en Bolivia, como los emergentes de la presencia del COVID-19. Durante la declaratoria de emergencia "no podrán ser interrumpidos los servicios del sistema nacional de salud como consecuencia de paros, huelgas, protestas, jornadas académicas u otras análogas", dispone el artículo 19.

Cuando se trataba la norma, los legisladores de de Comunidad Ciudadana y Creemos abandonaron la sesión en rechazo al contenido del proyecto. El médico y candidato Luis Larrea hizo conocer que su sector no está de acuerdo con la prohibición de paros y contratación de profesionales que hayan estudiado en el exterior porque abre la puerta a médicos cubanos.

El artículo 28 refiere que en el marco de la emergencia sanitaria, el Ministerio de Salud podrá simplificar los requisitos y procedimientos en la contratación de personal médico, de enfermería y técnicos de salud, "quedando habilitado a contratar profesionales médicos que hubieran concluido sus estudios en Bolivia o en el extranjero, estudiantes de medicina y médicos jubilados".

El diputado del MAS Juanito Angulo destacó el contenido de la norma porque es necesario regular una serie de aspectos para enfrentar una emergencia como el rebrote del COVID-19 que ya tiene a más de 200.000 contagiados desde marzo.

"La salud no puede ser suspendida bajo ninguna manipulación política", insistió y cuestionó que la oposición haya abandonado la sesión en la que se aprobó la norma.

También se dispone que durante la emergencia se podrá disponer de un aislamiento sanitario de 14 días para las personas que lleguen del exterior, además prohíbe "exigir depósitos previos, garantías, o cualquier tipo de cobro anticipado en los establecimientos del subsector privado".

Los precios serán regulados, como la administración de las vacunas.

Las bancadas de Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) rechazaron la propuesta de ley en los artículos referidos a la confidencialidad, de darse el caso, en los contratos de bienes, obras o servicios.

Se establecen sanciones desde 50 UFV hasta 1.000 UFV en los casos más graves para personas naturales, en tanto que para personas jurídicas las sanciones van de 1.000 UFV a 10.000 UFV