Julian Assange, liberado de una cárcel de Reino Unido, llegó este miércoles a una corte estadounidense en una isla del Pacífico donde el fundador de WikiLeaks se declarará culpable como parte de un acuerdo que le permitirá recuperar la libertad.
Assange de 52 años, vestido de traje negro y corbata ocre, fue observado por periodistas de la AFP al ingresar en el tribunal de Saipán, en las Islas Marianas del Norte, un territorio estadounidense en el Pacífico.
Se espera que Assange, demandado por las autoridades estadounidenses por haber revelado cientos de miles de documentos confidenciales, se declare culpable de «conspiración para obtener y revelar información relativa a la defensa nacional», de acuerdo con esos archivos.
«La diplomacia secreta»
Assange podría ser condenado a 62 meses de cárcel; pero por haber cumplido un tiempo similar de prisión preventiva en Londres se espera que pueda regresar en libertad a Australia.
«Será un hombre libre una vez que el acuerdo lo ratifique el juez» el miércoles, explicó a la BBC Stella Assange, su esposa y madre de dos de sus hijos.
El pacto implica que su marido se declare culpable de un cargo, que se refiere a «la obtención y divulgación de información sobre la defensa nacional», precisó.
Su madre, Christine Assange, dijo estar agradecida de que «el calvario» de su hijo llegue a su fin. «Esto demuestra la importancia y el poder de la diplomacia secreta», afirmó.
El exjuez español Baltasar Garzón, uno de los abogados de Assange, celebró que «pueda por fin ser un hombre libre después de casi 14 años de lucha, privado de libertad en las condiciones más adversas».
Julian Assange
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos también se congratuló por su liberación y «los avances significativos hacia una solución definitiva de este caso», que «planteó una serie de preocupaciones en materia de derechos humanos», según la portavoz Elizabeth Throssell.
«No debió estar privado de libertad ni un día por haber publicado informaciones de interés público», dijo, por su parte, Rebecca Vincent, directora de campaña de Reporteros Sin Fronteras.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, celebró «una victoria democrática y de la lucha por la libertad de prensa». «El mundo es un poco mejor y menos injusto hoy», añadió.
Stella Assange lanzó un llamado para recabar financiación y costear los $us 520.000 que su marido tiene que devolver al gobierno australiano tras fletar el vuelo entre Londres y Australia.
Este acuerdo, que pone fin a una saga de casi 14 años, que incluye siete años de encierro en la embajada de Ecuador de Londres, se da dos semanas antes de una nueva audiencia clave ante los tribunales británicos.
El 9 y 10 de julio se esperaba examinar el recurso de Assange contra su extradición hacia Estados Unidos.
Desde 2019, cuando quedó detenido en una prisión de alta seguridad en Londres, Assange lucha para no resultar entregado a la justicia estadounidense. Se lo persigue por publicar más de 700.000 documentos confidenciales sobre actividades militares y diplomáticas, particularmente en Irak y Afganistán.
El australiano, acusado de 18 cargos, se enfrentaba a una pena de hasta 175 años de prisión en virtud de la Ley de Espionaje.
El gobierno británico aprobó su extradición en junio de 2022. Sin embargo, en mayo dos jueces le concedieron el derecho de apelar.
Assange, siete años en la embajada de Ecuador
El fundador de WikiLeaks quedó arrestado por la policía británica en abril de 2019 tras pasar siete años encerrado en la embajada de Ecuador en Londres, desde donde buscaba evitar la extradición a Suecia en una investigación por violación, que resultó desestimada ese mismo año.
En los últimos años habían aumentado los reclamos al presidente estadounidense, Joe Biden, para que retirara los cargos en su contra. Australia presentó un pedido formal en febrero, que el mandatario demócrata dijo estar considerando.
«Que el primer ministro (australiano, Anthony Albanese) algunas veces dijera públicamente 'ya es suficiente'; y que el Parlamento lo respaldara, fue significativo y absolutamente contemplado por Estados Unidos», dijo a la AFP Emma Shortis, investigadora en asuntos internacionales y de seguridad del grupo de expertos The Australia Institute.
En la primera reacción oficial de Estados Unidos al acuerdo, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, declaró que al tratarse de un asunto legal en curso no le parecía «apropiado hacer comentarios en este momento».