El Tribunal Constitucional ha dejado sin efecto un fallo anterior que otorgaba a la familia de Branko Marinkovic la tutela sobre 33.000 hectáreas de tierras, según confirmó este miércoles César Siles, procurador general del Estado.
"Con estos autos constitucionales emitidos y notificados, en este momento no tiene título ejecutorial, no tiene resolución, corresponderá al INRA, al Viceministerio de Tierras y al Tribunal Agroambiental reconducir esa línea que causaba preocupación no solo a la Procuraduría, sino al Estado boliviano", dijo Siles, citado por el diario Los Tiempos.
A fines de 2023, la misma instancia había emitido una sentencia constitucional que concedió la tutela a la familia Marinkovic sobre 33.000 hectáreas en los predios Tierras Bajas del Norte y Laguna Corazón. Ese fallo había sido altamente controvertido.
La sala cuarta del Tribunal Constitucional proyectó y presentó la sentencia constitucional que fue emitida antes de que los magistrados de ese alto tribunal cumplan su mandato de seis años, aunque se prorrogaron hace seis meses con otra sentencia constitucional.
Según Siles, el Gobierno ha decidido "no emitir ningún título que supere las 5 mil hectáreas como dice la Constitución", y ha iniciado una revisión institucional de los casos en los que se haya "transgredido el mandato de las 5 mil hectáreas".
En su momento, cuando se concedió la tutela de los predios, el viceministro de Tierras, Ramiro Guerrero, cuestionó la decisión del TCP. El funcionario afirmó que los magistrados estaban actuando de manera "ilegal e inconstitucional".
Las 33.000 hectáreas en cuestión tienen un valor estimado de 80 millones de dólares. Según denuncias, Branko Marinkovic, exministro de la gestión de Jeanine Áñez, habría aprovechado su situación política en 2020 para obtener de manera ilegal la titulación de estos predios fiscales.
Por el momento no se conoce una reacción oficial de la familia Marinkovic ante la nueva determinación del Tribunal Constitucional que deberá ser ejecutada por las instancias anotadas por el Procurador General del Estado.