A través de un memorial, el Vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, solicitó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el "adelanto del sorteo de causa" y la pronta resolución de la revisión del fallo de la Sala Constitucional de Pando que suspendió el proceso de las elecciones judiciales. "Hoy se presentó al TCP un memorial solicitando el adelanto del sorteo de causa para que una Sala Constitucional resuelva la revisión del fallo de la Sala Constitucional de Cobija, teniendo en cuenta la coyuntura nacional, la trascendencia y la importancia respecto al cumplimiento de las reglas del proceso democrático de elección de altas autoridades jurisdiccionales", informó el secretario general de la Vicepresidencia, Juan Carlos Alurralde. El 30 de abril, la Sala Constitucional de Pando, compuesta por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán, dejó sin efecto el proceso de preselección de postulantes en la Asamblea al dar curso al amparo planteado por Yeri Duri Bautista, presidenta de la Central Indígena de Mujeres Amazónicas de Pando, quien denunció que la convocatoria de preselección no garantiza los derechos de las mujeres originarias. En la parte resolutiva de este documento se especifica que "se deja sin efecto el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales y la inaplicabilidad de la Ley 1549 y el reglamento de preselección (...), disponiendo que se procesa a realizar uno nuevo en base a normas que respeten la igualdad material de las personas".


La suspensión del proceso de preselección de cara a las elecciones judiciales se dio cuando se encontraba en la etapa de evaluaciones, la última antes que la lista de habilitados pase al pleno de la ALP para que se elija a los candidatos que irían a votación popular.

Tras el fallo, las comisiones legislativas mixtas que están a cargo del proceso de preselección elaboraron un informe y lo remitieron a la presidencia de la ALP, solicitando una sesión plenaria para definir los caminos a tomar para tratar de garantizar la realización de los comicios. Al respecto, Alurralde explicó que los informes adjuntos a las notas remitidas a la Vicepresidencia no mencionan la aprobación de ningún instrumento de acción parlamentaria para la consideración y debate en el pleno de la Asamblea. Además, dijo, el informe tampoco cumplió con" ciertas formalidades" establecidas en el Reglamento General de la Cámara de Diputados. "La resolución emitida por la autoridad jurisdiccional, de acuerdo con la normativa, debe ser enviada para revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional, instancia que puede confirmar o revocar, en todo o en parte, la decisión de la autoridad judicial inferior a través de una Sentencia Constitucional, que debe ser emitida previo cumplimiento de un procedimiento", declaró Alurralde. El Secretario General también explicó que, en el marco del artículo 284 del Código de Procedimiento Penal, la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, "en caso de contar con indicios de la comisión de un hecho delictivo, iniciará las acciones legales en la vía penal". Finalmente, Alurralde remarcó que "el vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca Céspedes, manifiesta su disposición para generar espacios de diálogo y trabajo que contribuyan a encaminar la materialización de las elecciones judiciales, en conformidad con el orden institucional establecido en la Constitución Política del Estado".

El pasado jueves, la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala arcista en la Cámara de Diputados solicitó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una medida cautelar que permita la continuidad de la preselección. Al respecto, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, afirmó que los fallos emitidos por vocales de las Salas Constitucionales que fueron designados por los magistrados prorrogados son "nulos de propio derecho" y, por ello, llamó a desacatar la decisión judicial que ordenó suspender el proceso de las elecciones judiciales y que ésta vuelva a foja cero. En ese sentido, Rodríguez sugirió que la Asamblea Legislativa apruebe una Ley Corta para ajustar los plazos en el proceso de preselección de candidatos. Adelantó que también se pedirá una reunión con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para conocer su posición respecto a los plazos que podría haber para garantizar las elecciones judiciales. En esa misma línea, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, senador Miguel Rejas, informó que esa instancia definió pasar un informe al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, respecto al trabajo que se desarrolló hasta ahora para la preselección de candidatos de cara a las elecciones judiciales y afirmó que debe ser el pleno de la ALP el que defina el rumbo de los comicios, después de que el proceso sea anulado por una Sala Constitucional de Pando. Rejas afirmó que "no todo está perdido" y se tiene tres opciones de cara al futuro de las elecciones judiciales: el primero es no acatar el fallo judicial, el segundo sí hacerlo y paralizar el proceso y el tercero aprobar una Ley Corta que permita seguir el proceso. "Hemos definido enviar un informe para que en la Asamblea se decida si paralizar, continuar o hacer una Ley Corta", aseveró.