Luego de que el presidente Luis Arce pusiera en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional, la suerte del Decreto 5143, el máximo tribunal de justicia constitucional admitió la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el diputado arcista Juan José Jáuregui en contra de esa norma.
La resolución del TCP establece "la suspensión temporal de la aplicación del DS 5143 en tanto se resuelva la acción de inconstitucionalidad abstracta, hasta que se emita la correspondiente sentencia constitucional", según documentación a la que accedió la red Unitel.
La suspensión temporal de la aplicación del cuestionado decreto sobre Derechos Reales no impidió el inicio de marchas de protesta en las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba este viernes en la tarde exigiendo la abrogación de la norma que, según los manifestantes, pone en riesgo la propiedad privada de los bolivianos.
La decisión de Arce de derivar el tema polémico al TCP fue duramente cuestionado este viernes por sectores políticos, cívicos, ciudadanos y gremiales porque ese alto tribunal está compuesto por magistrados prorrogados que suelen fallar a favor del Gobierno.
Jáuregui informó em las últimas horas que la bancada del arcismo presentó un recurso para pedir un control de constitucionalidad del decreto 5143, tras los reclamos que surgieron desde diferentes frentes de la sociedad boliviana.
"El recurso abstracto que se presentó está solicitando que tenga que someter a un test de constitucionalidad el proceso mediante el cual se ha aprobado dicho decreto supremo; se ha solicitado la medida cautelar que va a permitir que se pueda paralizar los efectos jurídicos de este referido decreto", explicó el legislador..
Además, Jáuregui expresó que desde la Asamblea Legislativa dieron a conocer sus observaciones en la forma en que se aprobó, por lo que pide a la población no recurrir a las marchas hasta que se emita la resolución del TCP.