El Proceso de Cambio inauguró un nuevo momento estatal y para la vida de los bolivianos, que no solo se volcaron a las urnas el 2005 para apoyar los procesos de transformación del país, sino que la irrupción popular, junto al proceso constituyente, dieron lugar a una ampliación real de la ciudadanía, ahora intercultural; sin embargo, en la vena de la colonialidad, muchas estructura de Estado solo se adecuaron al nuevo momento y otras impidieron el que se transformaran para permitir una mayor democratización de los espacios. Si bien la nueva realidad en curso permitió la naturalización de la diferencia en los espacios estatales, también se dio lugar a la discriminación y el resentimiento de aquellos sectores que en el pasado tenían el monopolio del poder y la representación.

Entonces podemos decir que, a lo largo de los 13 años del Proceso de Cambio, el viejo Estado republicano, neoliberal y colonial no terminó de morir y en tanto Estado estructura de poder buscó institucionalizarse con las Fuerzas Armadas y la Policía en un nuevo rol de relación con las organizaciones populares, sin lograrlo. Tampoco transformó la Justicia, viejo reducto del poder dominante, así como fue profundamente respetuoso del poder económico de los grupos de poder oligárquicos, mientras buscaba redistribuir los recursos estatales en la mayoría, carente históricamente de oportunidades.

Pero también el Proceso de Cambio dio lugar al Estado Plurinacional, a la inclusión social de las mayorías, a la representación real de los pueblos, a la mejora de su condición de vida, es decir, en este periodo encontramos una nueva condición de la crisis estatal, expresada en que lo nuevo anunciado, y deliberado hasta el proceso constitucional, no terminaba de expresar plenamente la novedad del cambio respecto a la realidad revolucionaria como horizonte; mientras las viejas cargas coloniales estatales y en el conjunto social no terminaban de desaparecer, y más bien se reforzaban, se institucionalizaban y finalmente naturalizaban viejas formas y actitudes de poder que no condecían con el proceso de transformación en marcha y que constitucionalmente había sido aprobado.

En realidad, la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE), expresaba esta suerte de empate estratégico, cuando reconoce la existencia republicana pero incorpora la dimensión plurinacional, y lo hace con la economía, la política de representación, la Justicia y otros aspectos que hacen a su ordenamiento. Deja al soberano y al propio Estado Plurinacional la tarea de tejer la interculturalidad y la plurinacionalidad como una realidad en construcción. Dos dimensiones, históricamente contrapuestas y enfrentadas, se reúnen y acuerdan hacer un mismo país, con inclusión participación y Democracia Intercultural; como salida a la crisis de Estado que siempre hemos cargado como país.

Sin duda se ha avanzado mucho en esta dimensión de validación intercultural por parte de sectores importantes de la sociedad, pero los acontecimientos de noviembre 2019 hasta nuestros días, ponen de manifiesto que la resistencia de los antiguos grupos de poder republicanos y oligárquicos, junto a sectores tradicionales de clases medias, a ser parte de un país cruzado por la interculturalidad y que acepte la inclusión como un logro democrático y no como un favor de patrones.

Por eso será importante analizar lo acontecido en el país en los últimos 10 meses, desde la perspectiva de los Derechos Humanos, que no es neutral frente a quienes los atropellan desde el Estado. Hoy tenemos constitucionalmente un Estado Plurinacional y un Gobierno que pretende desconocerlo y que se declara evangélico y republicano, que reivindica el pasado y arremete contra los sectores populares con la misma rabia con la que en el pasado colonial y republicano se solía hacer; que se coloca más allá de las leyes y la CPE, y basa su gobernabilidad en la fuerza armada y la imposición, el chantaje y la represión abierta.

Esta situación de crisis estatal en la que nos vemos nuevamente envueltos de manera explícita, sin embargo, no solo busca en los portadores políticos del presidencialismo de transición un retorno al pasado, sino que, con las raíces coloniales y republicanas, buscan instalar el sentido de la anomia estatal, o de vaciamiento de las responsabilidades estatales para con el conjunto social, para llenarlas nuevamente con los grupos de poder históricos y con la dependencia de los poderes externos. Esta crisis estatal es aún mayor que en los tiempos pasados, por cuanto no solo estamos sumidos en una profunda crisis económica, producto de las erráticas decisiones gubernamentales, así como de la corrupción institucionalizada, sino que esta situación combinada con la crisis de salud convertida en pandemia a nivel mundial, está dejando demasiadas víctimas en el camino, tanto de la represión como de la incapacidad deliberada de este gobierno para garantizar condiciones mínimas de control y sanidad.

Pero acompañando a estas crisis, igual debemos contar las múltiples crisis de credibilidad existente sobre las instituciones estatales y no estatales. Entre ellas, debemos subrayar la histórica desconfianza sobre la corrupción en la Justicia, los mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía, que son los que de alguna manera dan el sustento al presidencialismo de transición y a toda una gestión de atropello a los Derechos Humanos. La propia Iglesia Católica que, junto a las sectas evangélicas, se han convertido en la nueva ideología gubernamental y de justificación "divina" de la represión, la persecución y el abuso.

El mismo Órgano Ejecutivo, que asumido de manera transitoria por la Sra. Áñez, cuyo partido para lograr su representación obtuvo el 2014 el 4% de los votos, no cesa en sus intentos de prorrogarse junto a una penosa gestión estatal que nos ha llevado a una condición de indefensión ciudadana. El Órgano Legislativo, que acusado y acosado permanentemente por el Ejecutivo y los medios de comunicación junto a bandas paramilitares, ha buscado cumplir su función, pero ha sido permanentemente defenestrado en su papel, por aún contener la mayoría de más de 2/3 del voto ciudadano del 2014 en favor del Movimiento Al Socialismo (MAS).

En esa condición, el Ejecutivo, las bandas paramilitares y los medios de comunicación, buscan imponerse al Órgano Electoral Plurinacional (OEP), cuando intentan obligarlo, desde su situación representativa de minorías, a tomar decisiones que les convienen en relación a las fechas de las elecciones, la organización de las mismas, la seguridad sobre la transparencia del voto y, en definitiva, presiones para quitarle la personería jurídica al MAS y descalificarlo para que no participe en el proceso electoral, mientras se presiona para una postergación indefinida de las elecciones, que sería parte de la intención de la prórroga indefinida del gobierno transitorio. Se siembran dudas sobre la labor de esta institución, aun cuando fuere legalizado por este mismo Gobierno, en la intención política de descalificarlo, frente a los posibles resultados electorales que, en los propios cálculos de la oposición, no podrían ganar el apoyo que tiene el MAS históricamente.

También se ha buscado defenestrar a la Defensoría del Pueblo, como entidad que cumple un papel descentralizado del Estado en la defensa de los derechos ciudadanos; por cuanto en una situación en la que de manera dramática se ha atropellado permanentemente los Derechos Humanos, el Estado y sus representantes, que han buscado naturalizar el maltrato y la represión, no quieren que nadie pueda tener una opinión diferente y si encarcela a los divergentes, a la institucionalidad del Defensor solo puede acosarla y denigrarla a través de distintos medios, mientras permanentemente busca intervenirla con grupos paraestatales que agreden las sedes de la institución. Quieren naturalizar el hecho de que la defensa ciudadana frente a los atropellos estatales no es un derecho humano, sino una estrategia "masista", pues ahora, en el país, toda movilización, toda demanda de justicia, de libre expresión, de rabias y resistencia, para el gobierno autoritario se ha convertido discursivamente en "masismo".

Este vaciamiento institucional del Estado, buscado deliberadamente por el Estado anómico que hoy existe, nos pone en una peligrosa frontera de negar todo tipo de institucionalidad y orden que permita que la propia democracia fluya y sea el canal de decisión ciudadana. Es por eso que la crisis estatal es un efecto deseado por el autoritarismo, por cuanto en medio del caos solo la fuerza se impone y puede ser deseable por algunos. No cabe duda alguna que, quienes desde los Derechos Humanos defendemos la vida y la democracia, tenemos que luchar enconadamente por la restitución del Estado de Derecho y su institucionalidad, que será todo un proceso pero que tiene un parámetro construido democráticamente como es la CPE y la voluntad del pueblo boliviano por construir certidumbres que le permitan reorganizar la vida, comunitariamente y con derechos.

El primer paso es no olvidar lo acontecido, la memoria es la fuerza de los pueblos, y recordar que en el camino de estos 10 meses quedaron víctimas, asesinadas, perseguidas, o encarceladas, y un pueblo asustado y privado de sus derechos fundamentales, pero siempre presto a seguir construyendo un mejor país. Para eso es que la apuesta inmediata es la de la restitución de la democracia, a partir de las elecciones el próximo 18 de Octubre, para que a partir de un gobierno legal y legítimo procedamos a reorganizar el país y su propia institucionalidad, para garantizar la vigencia y el cumplimiento de los Derechos Humanos. Podemos remontar la crisis, si lo hacemos fortalecidos como mayoría y expresados en el Estado Plurinacional, asumiendo que tenemos muchas batallas por librar, pero que el protagonismo del poder popular es la mejor fortaleza frente a los autoritarismos e imposiciones.