El procurador general del Estado , César Siles, informó este viernes que Bolivia enfrenta un total de 119 casos en el sistema interamericano de Justicia, que integran la Corte Interamericana de Derechos Humano (Corte-IDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Detalló que las peticiones son por distintas vulneraciones a derechos humanos; sin embargo, se priorizará la atención de 48.
"Dentro de estos casos, 108 se encuentran en trámites internacionales ante la CIDH, los cuales están en diversas etapas procesales. Es esencial señalar que 72 de estas peticiones están en la etapa de admisibilidad, lo que implica que el Estado Boliviano ha presentado escritos y excepciones, asumiendo la defensa a través de la Procuraduría General del Estado. De estas, nueve están listas para el informe de admisibilidad, 57 están procesalmente listas, y seis podrían ser archivadas", afirmó.
108 corresponden a casos que se tramitan en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La mayoría (72) se encuentra en etapa de admisibilidad, mientras que 25 pasaron a etapa de fondo y resto está en medidas cautelares o en solución amistosa.
El procurador César Siles explicó que la intención del Estado es que se acumulen los casos similares, para lo cual se han identificado 48 con el objeto de priorizarlos.
Por ejemplo, se tienen 17 peticiones de exjueces transitorios, quienes demandaron al Estado por su destitución que se decidió bajo el argumento de que son transitorios.
También, dentro de la cartera boliviana, se tienen siete casos de personas que fueron procesadas en el caso terrorismo-separatismo, pero que ahora reclaman la vulneración de sus derechos ante el Sistema Interamericano.
Siles detalló que uno de esos siete casos ya tiene informe de fondo y podría pasar a la Corte Interamericana, mientras que los otros seis están en la CIDH.
Se tiene también cuatro casos de presuntas vulneraciones de derechos en la crisis de 2019, además de cuatro sobre la reelección indefinida.
El procurador detalló que los casos sobre la reelección indefinida cuestionan la sentencia 084/2017, la cual habilitaba esa figura. Sin embargo, la posición del Estado boliviano será dar el asunto como solucionado con la sentencia 1010/2023 la cual en su parte considerativa señala que no se puede ejercer la presidencia más de dos veces de manera continua o discontinua.
Al momento, detalló Siles, el Estado pagó alrededor de tres millones de dólares por concepto de compensaciones en ocho sentencias en la Corte-IDH. Sin embargo, aseguró que ese dinero se recuperará mediante una ley de acción de repetición que tiene que ser tratada en la Asamblea Legislativa.