La peligrosa segunda ola de la pandemia y las impugnaciones e inhabilitaciones están
opacando las candidaturas y campañas. No hay novedades en las "propuestas", pese a
los grandes y nuevos desafíos que todos los candidatos triunfantes tendrán que enfrentar
de inicio en sus gestiones.

Ya hablamos del olvido de la agenda descentralizadora y autonómica, y parecería que
también las crisis sanitaria y económica estuvieran casi ausentes. Por lo mismo, todo se
sigue limitando a ofertas y promesas de proyectos municipales y departamentales que
podrían hacerse en cualquier tiempo, como si la pandemia y sus devastadores efectos no
existieran.

Es que no será posible enfrentar los nuevos desafíos con las viejas estructuras
departamentales y locales, que ya se mostraron insuficientes en los cinco años anteriores
sin pandemia.

Un drástico recorte de las transferencias ya anunciado, y la recentralización del
presupuesto nacional, no están siendo tomados en cuenta y, por lo mismo, tiende a primar
la demagogia que se agravará si es que en los planes gubernamentales no se incluyen
claras modificaciones institucionales, presupuestarias y de comportamiento. Todos los
municipios y gobernaciones requerirán ajustes mayores que, en momentos de crisis, no
pueden ser sino políticas de saneamiento al menos en tres áreas que hacen a la
gobernabilidad subnacional.

Veamos:

En primer lugar, está el saneamiento institucional que supone una restructuración de la
organización gubernamental subnacional, no tanto para reducir personal sino para adaptar
la estructura organizacional a los nuevos desafíos. Se trata de readecuar los gobiernos
locales y departamentales, dando prioridad a las reparticiones encargadas de la salud y de
la reactivación económica. Las tareas de salud ya no pueden estar subsumidas en el
genérico concepto de "desarrollo humano", cuando los centros de primer nivel y los
hospitales de segundo y tercer nivel son los instrumentos principales del enfrentamiento
de la pandemia. El primer nivel, cualquiera sea la dimensión del municipio, debe
convertirse en el lugar privilegiado para la prevención, el diagnóstico y la contención del
virus, y para ello se requerirán importantes e inmediatas inversiones en infraestructura,
equipamiento e insumos médicos, amén de la obligación departamental de provisión de
ítems.

Las ciudades capitales no pueden prescindir de centros de aislamiento, de brigadas de
control barrial y, en su momento, de centros fijos y móviles de vacunación masiva. Los
hospitales de segundo nivel, siguiendo el ejemplo de La Paz, tienen que convertirse en
hospitales con unidades de terapia intensiva con el equipamiento técnico y el personal
especializado respectivo. Y el tercer nivel debe optimizar sus unidades departamentales
para atender la pandemia sin descuidar otras patologías graves.

Por supuesto que todo lo anterior no podrá efectuarse sin el concurso del gobierno
nacional que aún no ha ido más allá de la compra de pruebas y vacunas y que,
necesariamente, tiene que alcanzar, de inmediato, al equipamiento especializado
(respiradores), la provisión masiva de medicamentos y la creación de ítems para la
contratación y movilización de un personal imposible de ser financiarlo sólo por las
gobernaciones.

En segundo lugar, y para atender lo primero, urge un saneamiento financiero frente al
recorte, a la recentralización de los recursos y a la caída de los ingresos, redireccionando
de manera estructural el presupuesto. No será posible, al menos durante 2021, alentar
nuevos y grandes proyectos urbanos. A lo mucho podrá atenderse la continuidad de las
obras en ejecución modulando plazos más holgados, porque toda la restructuración
institucional planteada tendrá que ser financiada en gran parte con recursos propios.
Sin embargo, la conocida insuficiencia de éstos, solo podrá ser suplida mediante fideicomisos financiados con préstamos de la cooperación internacional que contraiga el gobierno nacional, o con el endeudamiento directo que puedan contratar algunos gobiernos locales y departamentales con mayor fortaleza financiera.

El plan operativo anual y el presupuesto de 2021 sólo deberán atender las obras y los
servicios básicos imprescindibles, y el gasto corriente deberá recortarse reduciendo
plantas ejecutivas frondosas y elevados sueldos jerárquicos. Tienen que crearse
estructuras organizacionales que programen y ejecuten acuerdos y pactos públicoprivados
con empresarios, artesanos, cuentapropistas, comerciantes, universidades y
ONG para reactivar las economías locales y departamentales, en la perspectiva de la
producción de alimentos y del impulso a emprendimientos turísticos, gastronómicos y
comerciales, al tiempo que se genera empleo público con obras barriales de alta absorción
de mano de obra.

Y, en tercer lugar, deberá implementarse un plan integral de saneamiento ético para
combatir la corrupción. Mecanismos institucionales de prevención, control y sanción
permanentes deben instalarse junto a la información y el control social. La ética en la
función pública no solo preserva el escaso patrimonio institucional, sino que refuerza la
confianza ciudadana garantizando la gobernabilidad, más allá del siempre volátil resultado electoral.


Juan Del Granado es Abogado y Político