La cumbre de líderes cruceños, que se desarrolló en los predios de la Fexpocruz, concluyó con concordancias en temas como autonomía, unidad y libertad y, entre sus puntos conclusivos, resalta la insistencia en que se trabaje en una "nueva relación" entre Santa Cruz y el Estado boliviano.
De la cita participaron representantes de la Gobernación, la Alcaldía, el Comité pro Santa Cruz, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, sectores empresariales, Asociación de Periodistas, Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano, exportadores, entre otros. En total, participaron 30 instituciones y se establecieron 10 compromisos.
El documento recuerda que Santa Cruz pasó "de ser una aldea inhóspita a ser el departamento más poblado del país, a ser la región que más contribuye al desarrollo de Bolivia".
Así, los 10 compromisos acordados por los representantes cruceños, según informó El Deber, son:
Reivindicar el plan de acción para establecer una nueva relación de Santa Cruz con el Estado y unir esfuerzos y gestiones ante el sistema político boliviano para su gradual aplicación.
Exigir al Estado: seguridad jurídica para la inversión; libertad de exportación y levantar todas las restricciones a las exportaciones de productos agropecuarios.
Perfeccionar el modelo cruceño en aras de su sostenibilidad, profundizar nuestro desarrollo sin descuidar el medio ambiente, la inclusión social, la innovación y la tecnología, la educación de calidad, el fomento del emprendedurismo.
Enfrentar en unidad la recesión económica y las amenazas sociales emergentes.
Unir esfuerzos para revertir pacíficamente los ataques al sector productivo (saneamiento de tierras, incertidumbre en la propiedad, avasallamientos, colectivización forzosa de la tierra); la invasión de sus áreas protegidas.
Impulsar acciones y gestiones para la aprobación de una ley de bioeconomía circular.
Promover la formalización de una normativa de alianzas público privadas para que asociaciones empresariales o gremiales puedan formar parte del emprendimiento de obras púbicas.
Demandar a las autoridades nacionales el desalojo de avasalladores, la conclusión del saneamiento sin la vulneración de derechos y exigir la validez de los títulos saneados.
Aunar esfuerzos interinstitucionales, público- privados, para garantizar la realización del censo.
Designar una comisión técnica y de seguimiento para viabilizar los compromisos asumidos y evaluar sus resultados de manera permanente.
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