Los legisladores de oposición y del ala evista del MAS actualmente exigen la aprobación de los proyectos de ley 073 y 075, contra la prórroga de magistrados. El Ministro de Justicia advirtió que el TCP tiene la obligación de adoptar todas las medidas civiles y penales que sean necesarias para el cumplimiento de sus decisiones.
A través de una columna de opinión publicada en el portal Oxígeno.bo, el ministro de Justicia, Iván Lima, analizó la polémica prórroga de magistrados y afirmó que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) está imposibilitada legalmente de dejar sin efecto una Declaración del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)
Los actuales magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental cumplían su mandato el 2 de enero; sin embargo, el propio TCP dispuso que éstos se prorroguen en sus cargos hasta la realización de las elecciones judiciales.
Los legisladores de oposición y del ala evista del MAS rechazaron tal decisión y actualmente exigen la aprobación de los proyectos de ley 073 y 075, que determina la suspensión de plazos procesales y el cese de los magistrados prorrogados, respectivamente.
Al respecto, el Ministro de Justicia afirmó que la aprobación de esas normas se constituiría en un delito de orden público, "al dictar una norma inconstitucional y un desacato al Tribunal Constitucional".
"El control de constitucionalidad y la separación de poderes entre los Órganos del Estado determina la imposibilidad de que la Asamblea pueda dejar sin efecto una Declaración Constitucional del TCP. Esta posibilidad no solamente es inconstitucional porque la Asamblea no es competente para legislar cualquier materia que decida la mayoría de la Asamblea, (por ejemplo, no puede legislar la pena de muerte, organizar una elección o dictar una sentencia); sino porque realizar esta acción determina la comisión de un delito de orden público, al dictar una norma inconstitucional y un desacato al Tribunal Constitucional", afirmó Lima.
El Ministro de Justicia, en ese sentido, recordó que el TCP tiene la facultad de adoptar las medidas, civiles y penales, que considere necesarias para hacer cumplir sus sentencias y declaraciones, como la que dispuso la prorroga de mandato de los magistrados.
"El cumplimiento de las Decisiones del TCP se regula por los artículos 17 y 18 de la Ley 254, que determina la obligación del TCP de adoptar todas las medidas que sean necesarias para el cumplimiento de sus decisiones y le obliga a seguir las acciones civiles y penales derivadas del incumplimiento de sus decisiones contra Diputados y Senadores que tramiten esa ley", afirmó.
Además, el Ministro aseveró que si los proyectos de Ley 073 y 075 fueron finalmente sancionadas, podrían ser sujetos a controles de constitucionalidad, ante el propio TCP, y así ser dejadas son efecto legal.
"Lo que quiero analizar es el efecto del conflicto entre una Ley y una Declaración Constitucional en abstracto; porque es importante determinar la gravedad del conflicto que buscan Evo Morales y Carlos Mesa. El Contrariamente, una vez publicada una ley, la misma puede ser objeto de control de constitucionalidad y puede ser dejada sin efecto legal y expulsada del ordenamiento jurídico por parte del TCP", acotó.
Ante ello, Lima dejó en claro que los actuales magistrados prorrogados solo pueden ser remplazados por otros magistrados elegidos mediante voto popular, a través de las elecciones judiciales. "Es la única vía posible bajo la Constitución Política del Estado", aseveró.