Esta jornada se pronunciaron los presidentes de los tribunales de La Paz, Santa Cruz, Oruro, Pando, Beni y Chuquisaca. El pronunciamiento de los tribunales departamentales de justicia se da un día después de que el presidente del TSJ, Marco Jaimes, advirtiera que el cese de los magistrados prorrogados causaría un daño "incalculable" al país y su población.


Casi al unísono, los tribunales departamentales de justicia del país salieron en defensa de la prórroga de los magistrados y consejeros del Órgano Judicial y advirtieron que el cese de sus funciones generaría "caos" en el país y dejaría la población en "indefensión".
Y es que esta jornada se pronunciaron los presidentes de los tribunales de La Paz, Santa Cruz, Oruro, Pando, Beni y Chuquisaca.
Por ejemplo, el presidente del TDJ de Oruro, Hernán Ocaña Marzana, afirmó que tener un vacío de autoridades en las altas instituciones del Órgano Judicial generaría un caos para la población que acude en busca de justicia.
"En Oruro, tenemos en los juzgados ordinarios principalmente procesos que ascienden a un promedio de 50 casos en apelaciones a segunda instancia. En materia penal ocurre lo mismo y muchos de estos casos deben llegar hasta el Tribunal Supremo en Sucre para ser resueltos. Imagínense si no tuviéramos autoridades en esas instancias. ¿Cuál sería la problemática? Un perjuicio enorme", señaló.
En ese sentido, el presidente del TDJ, afirmó que la única forma de reemplazar a los actuales magistrados es mediante nuevas elecciones de autoridades elegidas por voto popular. "No existe otra forma de resolver este problema. El crear un vacío solo causaría perjuicio", concluyó.
En esa misma línea, la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Marisol Ortiz, alertó a la población sobre los riesgos y el estado de indefensión a la población litigante en caso de la suspensión de plazos procesales y el cese de los magistrados electos por voto popular.
Por su parte, el presidente del TDJ de Chuquisaca, Hugo Michel Lescano, indicó que el no contar con Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), generaría un tremendo daño al mundo litigante, que tiene pendiente la resolución de sus procesos en casación, casos como el pago de beneficios sociales, revisiones extraordinarias de sentencia o la devolución de montos de dinero o inmuebles quedarían paralizados, perjudicando en gran manera a los interesados.
Asimismo, Henry David Sánchez, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (TDJ), Henry Sánchez Camacho, señaló que una falta de autoridades judiciales en el TSJ daría lugar a que el pueblo boliviano no tenga acceso a la justicia de manera rápida pronta y oportuna, en consecuencia los trámites de recursos de casación ante el TSJ no pueden paralizarse ni mucho menos suspenderse.
"Lo único que daría lugar es que el pueblo soberano de Bolivia no tenga acceso a la justicia de manera rápida pronta y oportuna, en consecuencia los trámites de recursos de casación ante el TSJ no pueden paralizarse ni mucho menos suspenderse", señaló.
La autoridad de justicia afirmó que la suspensión de plazos ocasionaría un perjuicio en cada departamento al no poder acceder la ciudadanía a un proceso judicial como establece la Constitución Política del Estado (CPE), resaltando además que esta determinación vulneraría los derechos de los bolivianos.
"Si se paralizan los recursos de casación el perjuicio va a ser enorme para la población civil, porque al no poder resolverse lo único que se lograría es retardación de justicia, denegación de justicia, dilación en la administración de justicia, vulneración al derecho de impugnación contraviniendo de esta forma los Art. 115; 116; 178; 188 de la CPE, dando lugar a que crezca la mora procesal", dijo.
Sánchez informó además que durante el plan de descongestionamiento de salas especializadas bajo instrucción del TSJ, desde el mes de septiembre hasta el mes de diciembre 2023, las salas penales, civiles y sociales lograron emitir 2508 Autos de vista y advirtió que en caso de paralizar el recurso de casación en el TDJ de La Paz se verían demorados más de dos mil quinientas causas en el departamento.
El pronunciamiento de los tribunales departamentales de justicia se da un día después de que el presidente del TSJ, Marco Jaimes, advirtiera que el cese de los magistrados prorrogados causaría un daño "incalculable" al país y su población.
"Realmente el perjuicio es incalculable. La cantidad de procesos comprenden cuando menos a dos partes o sujetos procesales que intervienen y no estamos hablando solo de proceso, hablamos de ciudadanos que esperan una respuesta oportuna de los tribunales", afirmó Jaimes en conferencia de prensa.
Jaimes, en ese sentido, afirmó que solo el 2024 el TSj ha recibido 638 causas y aseguró que el cese de magistrados causaría que se detengan procesos como el de trabajadores que esperan el pago de sus beneficios sociales o víctimas de violencia que esperan obtener justicia.
"(Hay) trabajadores que están pendientes del pago de beneficios sociales, víctimas de delitos contra la vida que esperan justicia, que una resolución dictada en algún tribunal quede ejecutoriada. Estamos hablando de personas que están esperando la devolución de algún pago de dinero o también la devolución de algún inmueble, por lo tanto queremos asegurar que lo primordial es resguardar los derechos y garantías de esas personas que se verían seriamente afectadas reitero por los efectos multiplicadores que tendría aquella posibilidad", afirmó.
Los actuales magistrados debieron fenecer su gestión el 31 de diciembre de 2023; sin embargo, sus mandatos fueron prorrogados por decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) hasta que se realicen las elecciones judiciales.
Entretanto, el acuerdo de la Comisión Bicamaral de la Asamblea Legislativa permitió aprobar y promulgar la Ley de las Elecciones Judiciales, con el compromiso de que a futuro se traten las leyes para cesar el mandato de los magistrados prorrogados y también se aprueben los créditos solicitados por el Gobierno.
La semana pasada, la sesión de la Cámara de Diputados fue suspendida después de que los legisladores del 'ala arcista' exigieran cumplir el acuerdo y primero aprobar los créditos solicitados por el Gobierno; pero el evismo y la oposición pidieran analizar primero las leyes antiprórroga – mismas que ya fueron aprobadas en el Senado-.