El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Ernesto Jaimes, aseguró este jueves que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) puede tratar la Ley para la realización de las elecciones judiciales; sin embargo, está obligada a acatar y cumplir el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que dispuso la prórroga de los mandatos de los magistrados y consejeros del Órgano Judicial hasta que se realicen esos comicios.
"La Asamblea Legislativa debe proseguir con el debate correspondiente de los proyectos de ley relacionados con las elecciones, pero respetando aquello que se ha resuelto por el Tribunal Constitucional en la Declaración 049, que es de cumplimiento vinculante y obligatorio para todos los órganos del poder público y para todos los ciudadanos", señaló Jaimes en contacto con la prensa.
La autoridad, en ese sentido, recalcó que las sentencias del TCP no pueden ser modificadas ni anuladas por ninguna otra instancia.
"No existe instancia alguna que pueda modificar o anular lo resuelto por un Tribunal Constitucional, eso es parte de la institucionalidad del Estado boliviano", aseveró.
El Presidente del TSJ fue quien presentó una medida cautelar en el TCP exigiendo que la Asamblea legislativa y la futura Ley para las elecciones judiciales respete y acate la prórroga de los magistrados del Órgano Judicial.
La medida cautelar fue aceptada por el TCP, que ayer emitió el auto constitucional 034/2024 que ordena a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el acatar el fallo que dispuso la prórroga de los magistrados y consejeros del Órgano Judicial antes de tratar la Ley para la realización de las elecciones judiciales.
El auto constitucional 034/2024, resuelve declarar "ha lugar la solicitud de medida cautelar impetrada por Marco Ernesto Jaimes Molina, presidente del TSJ, disponiendo que la ALP, con carácter previo a reasumir el tratamiento del Proyecto 144 de Ley Transitoria para las elecciones judiciales, en sus diferentes etapas, incluido las fases previas, necesariamente debe acatar la DCP 0049/2023 del 11 de diciembre, quedando vigente esta disposición hasta que la Sala Plena de este Tribunal resuelva la queja por incumplimiento formulado el 24 de enero".
La Declaración Constitucional 0049 en concreto estableció que los magistrados y consejeros del propio TCP, del TSJ, además del Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, cuyos mandatos fenecían el 31 de diciembre, se prorroguen en sus cargos hasta la realización de las elecciones judiciales.
La prórroga de los magistrados fue duramente cuestionado por la oposición y también por el ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS).
Precisamente los seguidores de Morales acatan un bloqueo de caminos en diferentes rutas del país, sobre todo Cochabamba, desde hace 12 días, exigiendo la promulgación de una Ley que garantice las judiciales y también la renuncia de los magistrados prorrogados.
La medida ya ha dejado cuatro fallecidos, además de decenas de policías heridos. Además, las pérdidas económicas por los bloqueos ascienden a $us 680 millones entre el 22 y el 30 de enero.
Para solucionar el conflicto, el presidente de la ALP, David Choquehuanca, junto a otras altas autoridades del legislativo, iniciaron el diálogo el pasado lunes – proceso que continua hasta hoy- para consensuar la Ley de las Elecciones Judiciales.