El procurador general del Estado, César Siles, advirtió este miércoles que esa instancia podría iniciar procesos penales por incumplimiento a las sentencias constitucionales del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
"La Procuraduría va a ser cumplir las sentencias porque así lo define el artículo 18 del Código Procesal Constitucional", afirmó Siles en contacto con la prensa.
La autoridad, en ese sentido, enfatizó que cualquier sentencia y resolución del TCP es de carácter vinculante y afirmó que ello incluye las decisiones respecto a la suplencia de Fernando Camacho como Gobernador de Santa Cruz, sobre la prórroga de los magistrados del Órgano Judicial y también sobre el hecho de que la reelección no es un derecho humano.
"El artículo 18 nos da facultad a iniciar procesos legales por desobediencia de resoluciones constitucionales", insistió y afirmó que la decisión también puede ser asumida por el Ministerio Público y por el propio TCP.
El TCP, en los últimos meses, emitió tres sentencias que generaron polémica y gran repercusión en el país.
El 12 de diciembre, dispuso que los actuales magistrados y jueces del TCP, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Truibunal Agroambiental y del Consejo de la Mgistratura – que fenecían sus mandatos el 31 de diciembre- se mantengan en sus cargos hasta que se realicen las elecciones judiciales.
Esta decisión derivó en que seguidores de Evo Morales realicen un bloqueo nacional de caminos desde el 22 de enero de 2024 para exigir la renuncia de los magistrados prorrogados.
Luego, el 29 de diciembre, el TCP emitió la sentencia 1010/2023 que, en su parte considerativa, dispuso que la reelección no es un derecho humano y afirmó que nadie puede ejercer la presidencia por más de dos gestiones, ya sea de forma continua o discontinua.
Finalmente, también el 29 de diciembre, dispuso que el vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, debe reemplazar a Fernando Camacho en el cargo de Gobernador mientras éste último esté detenido en la cárcel de Chonchocoro de La Paz.
Empero, este último fallo aún no fue acatado ya que la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz y la bancada de Creemos señalan que una Ley Departamental impide que Aguilera asuma el cargo de Gobernador.