El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Carlos Calderón, presentó la renuncia a su cargo por las críticas que recibió la Sala Plena por determinar la prórroga de las autoridades judiciales hasta que se realicen las elecciones del área.
En su carta de renuncia, Calderón defiende la decisión de prorrogar a las autoridades judiciales, pero lamenta los ataques y "tergiversación" del fallo constitucional.
Afirmó que la reacción de diversos actores ante la prórroga ha conllevado a una incertidumbre en la población litigante, pero además en el plano personal le ha traído incomodidad y malestar.
"Esta decisión judicial constitucional, muy a pesar de los motivos expuestos, fue mal entendida, tergiversada y respondida de manera reactiva por diversos actores de la sociedad boliviana, situación que genera incertidumbre principalmente en el foro litigante, además de absoluta incomodidad y malestar como autoridad miembro del TCP de Bolivia, la misma que hace inviable la continuidad del suscrito en el cargo", señala parte de la carta de renuncia de Calderón.
El, ahora, exmagistrado del TCP alerta que la intención de que el Estado funcione sin un Órgano del Estado y el Tribunal Constitucional Plurinacional – como pretenderían quienes se oponen a la prórroga- rompe la organización y estructuración del poder público determinado por el artículo 12 parágrafo I de la CPE.
Acotó que la vacancia de los máximos tribunales de Justicia de Bolivia, asimismo, supone una amenaza inminente de los derechos a la tutela judicial efectiva y acceso a la Justicia y debido proceso de los bolivianos.
Sostuvo su certeza respecto a que la sentencia que determinó la prórroga de las actuales autoridades judiciales es la "medida idónea" para superar el desfase constitucional planteado por la el retraso de las elecciones judiciales.
"En ese sentido, estoy seguro de que la DCP 044/2023 (que dispone la prórroga), es la medida idónea para superar el desfase constitucional planteado por la no realización del proceso de preselección de candidatos a magistrados para el órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, pues determina que sea ejercido por aquellas personas que están habilitadas por la Constitución para su ejercicio, no asigna, quita o limita ninguna competencia ni atribución constitucional de ningún órgano del Estado, y más bien persigue el funcionamiento Orgánico y republicano sentado en el art. 12 de la CPE", agregó Calderón en la misiva.