En contacto con DTV, el vocal recordó que la etapa de preselección de candidatos está a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y afirmó que el TSE realizará la convocatoria al día siguiente de que la ALP le remita la lista de postulantes.

"Si hoy día nos pasara la ALP la lista de los preseleccionados mañana arrancaríamos con el proceso de la convocatoria a las elecciones judiciales", aseveró.

Recordó que la etapa de convocatoria, que está a mano del TSE, hasta la realización de las elecciones demoraría 150 días, pero el Órgano Electoral podría acortar los plazos hasta los 120 días.

"El Órgano Electoral está con esta pretensión de realizar elecciones judiciales en el momento que nos llegue esa lista de preseleccionados", insistió.

Las elecciones judiciales sufrieron dos grandes escollos. El primero, el 12 de abril, cuando el ciudadano Miguel Ángel Balcázar presentó un recurso ante la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, que frenó el proceso.

El segundo fue el 27 de abril, cuando el diputado de Creemos Leonardo Ayala presentó una acción de inconstitucionalidad contra la convocatoria. El TCP falló el 31 de julio y dejó en fojas cero todo el proceso.

Ante ese panorama, el Senado aprobó una nueva Ley de las Elecciones Judiciales; sin embargo, cuando la misma era tratada en una Comisión de Diputados, fue derivada a consulta a diferentes instancias, entre ellas al Tribunal Supremo de Justicia (TSE), cuya Sala Plena la pasó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a través de una consulta de constitucionalidad.

Así, finalmente, el pasado 12 de diciembre, la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió que las actuales autoridades judiciales permanezcan en sus cargos hasta que se realicen las elecciones judiciales.

El TCP también declaró inconstitucional varios de los artículos, entre ellos los referidos a los plazos, establecidos en el Proyecto de Ley de las Elecciones Judiciales que había sido aprobado por el Senado y remitido a consulta por la Cámara de Diputados.

Así, los actuales magistrados del TCP, del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental permanecerán en sus cargos a pesar de que éstos fenecen el 2 de enero de 2024, según marca la Constitución.