La Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados decidió rechazar, por mayoría, las leyes aprobadas por el Senado para tratar de evitar una prórroga de mandato de los actuales magistrados y altas autoridades judiciales del país, como dispuso el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
La Cámara de Senadores aprobó la tarde del lunes tres proyectos de ley destinados a frenar la prórroga de mandato de todas las autoridades de los máximos tribunales judiciales del país. El primero manda a suspender los plazos procesales en esos altos tribunales; el segundo cesa el mandato de los magistrados y el tercero modificó la ley de juzgamiento de altas autoridades del Estado y del Órgano Judicial.
En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión de Diputados, Juan José Jáuregui, afirmó que esa instancia rechazó las leyes referidas a la suspensión de plazos procesales y la que cesaba en su cargo a los actuales magistrados.
"Se han tratado en sus estaciones en grande y detalle y han sido rechazadas. Hemos evidenciado que en la Cámara de Senadores se ha actuado de manera muy negligente", afirmó Jáuregui.
Señaló que tras un análisis jurídico se evidenció que no existen fundamentos ni sustento constitucionales" para aprobar las leyes y recordó que una sentencia del TCP es de "cumplimiento obligatorio", según dispone la Constitución Política del Estado.
El pasado 12 de diciembre, la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió que las actuales autoridades judiciales permanezcan en sus cargos hasta que se realicen las elecciones judiciales.
El TCP también declaró inconstitucional varios de los artículos, entre ellos los referidos a los plazos, establecidos en el Proyecto de Ley de las Elecciones Judiciales que había sido aprobado por el Senado y remitido a consulta por la Cámara de Diputados.
Así, los actuales magistrados del TCP, del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental permanecerán en sus cargos a pesar de que éstos fenecen el 2 de enero de 2024, según marca la Constitución.
"La declaración constitucional que les he mencionado dispone la continuidad o prórroga de mandato de las actuales autoridades tanto del Órgano Judicial como del Tribunal Constitucional Plurinacional, entre tanto no sean elegidas y posicionadas las nuevas autoridades judiciales producto de la preselección, que es atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y producto de la elección que tiene que organizar y ejecutar el Órgano Electoral Plurinacional", explicó el TCP.
Tras la decisión del TCP, el pasado lunes 18 de diciembre, la Cámara de Senadores aprobó un Proyecto de Ley para anular parte de la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y que magistrados cesen sus funciones el próximo 2 de enero.
En concreto, la Ley restituye "la plena vigencia de los artículos 183, 188 III, 194 III, y 200 de la Constitución Política del Estado" y consta de dos artículos.
El primero establece, en la "Nulidad de Pleno Derecho", que "se deja sin efecto el numeral 4 de la parte resolutiva de la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023, de fecha 11 de diciembre de 2023"; y el segundo establece que "los Magistrados y Consejeros del TCP, TSJ, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura cesarán sus funciones el 2 de enero de 2024".
Asimismo, el Senado también aprobó el Proyecto de Ley de Suspensión de Plazos Procesales y Continuidad Jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, como "una medida vital para el funcionamiento ininterrumpido del sistema judicial".
La norma tiene como objetivo principal la suspensión de plazos procesales en todas las materias, a partir del 2 de enero de 2024, garantizando así la continuidad del trabajo en el sistema judicial hasta la posesión de las nuevas autoridades, elegidas mediante voto popular.
El proyecto de ley proporciona atribuciones específicas a los Tribunales Departamentales de Justicia, la Dirección Administrativa-Financiera y Unidades de enlace administrativo para asegurar la operatividad continua del Órgano Judicial a partir del 2 de enero.
"El Órgano Judicial continuará ejerciendo sus competencias y atribuciones en cumplimiento al mandato constitucional y del ordenamiento jurídico en actual vigencia por intermedio de la administración jurisdiccional ejercida mediante los Tribunales Departamentales de Justicia en todas sus salas incluidas las constitucionales, Juzgados, Tribunales de Sentencia, y Juzgados Agroambientales…", señala la norma en el parágrafo I del artículo 2.
Otro aspecto fundamental de esta iniciativa es la gestión de los casos pendientes durante este período de transición. Según la disposición aprobada, los secretarios generales del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental, Consejo Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional tendrán la responsabilidad de recibir y custodiar los casos pendientes en cada una de las instancias judiciales involucradas.