El Legislativo le exigió una declaración constitucional en un plazo de tres días, que vence esta semana, sobre el proyecto de ley de elecciones judiciales.
De no ser atendida esta conminatoria, el Órgano Legislativo anunció que asumirá las acciones que le reconoce la Constitución Política del Estado, que incluyen un juicio de responsabilidades, en resguardo de los intereses del pueblo boliviano.
El Tribunal tiene pendiente emitir la resolución sobre la consulta de constitucionalidad del proyecto de Ley Transitoria para Elecciones Judiciales 2023-2024 (Ley Nº 144).
El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, anunció que mañana martes se retomará la reunión de las fuerzas parlamentarias en torno a este tema. Advirtió de que en caso de no existir el pronunciamiento esperado del TCP, se podrían asumir las acciones legales correspondientes, entre ellas un posible juicio de responsabilidades contra los magistrados.
Inseguridad jurídica
Ante la inminente expiración del plazo constitucional el 3 de enero de 2024 y el riesgo de un vacío de poder en el Órgano Judicial, el abogado constitucionalista Franklin Gutiérrez destacó, en contacto con el canal estatal, la importancia de preservar el estado constitucional y evitar la inseguridad jurídica.
Gutiérrez explicó que la conminatoria establecida por el Legislativo, al dar un plazo cerrado al Tribunal Constitucional para emitir una declaración constitucional, es una medida válida.
En caso de incumplimiento, dijo que los miembros del Tribunal podrían enfrentar consecuencias legales, incluyendo un posible proceso penal por no cumplir con sus deberes.