El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, propuso este martes realizar un "acuerdo político" entre el Ejecutivo y las tres fuerzas que componen la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para encontrar una salida "legal y constitucional" a la incertidumbre generada por el retraso de las elecciones judiciales.
En conferencia de prensa, Rodríguez afirmó en que envió una nota al presidente en ejercicio del Estado, David Choquehuanca, para que éste genere espacios de debate y discusión en procura de alcanzar ese acuerdo político.
"Considero importante un acuerdo político entre el Órgano Ejecutivo y las tres fuerzas (políticas) del Órgano Legislativo. Por tanto, yo me estoy atribuyendo en mandar una nota al hermano presidente en ejercicio, David Choquehuanca, (para que) pueda promover y generar condiciones de diálogo, de discusión y de debate, entre estos dos órganos importantes, y podamos viabilizar el camino para resolver este conflicto que está generando mayor incertidumbre", dijo.
El Presidente del Senado afirmó que existen diferentes propuestas respecto al posible accionar para evitar un vacío de poder en los altos cargos judiciales del país.
Sin embargo, señaló que se debe llegar a un consenso para encontrar una vía constitucional y legal antes que tanto la Cámara se Diputados como el Senado empiecen a debatir y "empantanarse" en el tratamiento de diversas leyes sobre la temática.
"Ojalá tengamos una respuesta a la nota (enviada a Choquehuanca) y se pueda llevar el diálogo entre estos días o en un par de horas para que esto se resuelva antes de que en Diputados empiecen a tratar tres, cuatro o cinco normas (al igual que en el) Senado (porque de ese modo) nos vamos a empantanar de manera innecesaria cuando podemos resolver entre las tres fuerzas políticas y el Órgano Ejecutivo si de verdad existe voluntad política", insistió.
Finalmente, Rodríguez reiteró que cualquier intento de prorrogarse o auto prorrogarse por parte de los actuales magistrados es inconstitucional.
El pasado viernes, el ministro de Justicia, Iván Lima, descartó que el Ejecutivo vaya a emitir un Decreto para prorrogar el cargo de los actuales magistrados, quienes deben dejar sus cargos a inicios del 2024.
La autoridad afirmó que se debe esperar a conocer el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la consulta de constitucionalidad presentada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) respecto a las Ley de las Elecciones Judiciales- ya aprobada en el Senado y estancada en Diputados- para seguir avanzando en el proceso.
A decir del Ministro, el fallo del TCP debía salir el 23 de noviembre; sin embargo, los magistrados aplazaron su decisión y se espera que la sentencia se dé a conocer "en los siguientes días".
"El plazo del TCP estaba previsto para el 23 de noviembre. Ha quedado suspendido el plazo, están trabajando para emitir una sentencia lo más pronto posible. Entiendo que en los próximos días van a emitir la sentencia que es importante para reencauzar las elecciones judiciales", aseveró.
El Ministro de Justicia, en ese sentido, dejó en claro que en cuanto no se conozca la sentencia del TCP, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) está "inhibida" de tratar cualquier tema referido a las elecciones judiciales.
El 31 de diciembre las actuales altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental y del TCP deben cumplir su mandato y desde los primeros días de enero deberían asumir los nuevos titulares.
Sin embargo, el proceso de las elecciones judiciales se encuentra paralizado desde julio por un recurso abstracto de inconstitucionalidad que anuló la convocatoria y reglamento al proceso de selección que había empezado.
Además, la Ley de las Elecciones Judiciales que había sido aprobado por el Senado se encuentra en revisión de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a pedido del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por lo que su tratamiento en Diputados está paralizado y no hay fecha definida para su realización.
Andrónico propone "acuerdo político" entre el Ejecutivo y la ALP para resolver la incertidumbre por retraso de las elecciones judiciales
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