El presidente de Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, negó que la entidad cívica erogó Bs 7,8 millones para las protestas en la crisis poselectoral de 2019, que terminó con la renuncia del presidente Evo Morales.
En ese lapso se hicieron 18 transferencias desde la cuenta de Camacho en el Banco Ganadero —1051-256626— al Comité pro Santa Cruz. En total, los importes suman Bs 7.862.265.
Larach señaló que para comprobar tal aseveración está la Justicia y que "ojalá lo hagan de la mejor manera, transparente y objetiva".
"Aquí venimos a poner nuestro trabajo, nuestro esfuerzo gratis, ad honorem. Si moviéramos esa cantidad de plata les garantizo que las cosas fueran diferentes. Sin embargo, decir que el comité movió esa cantidad es una irresponsabilidad. Que demuestren que es el comité", reiteró.
Ante la pregunta sobre el movimiento económico de la institución cívica, Larach indicó que no se llega "ni cerca al 10% anual" de la cantidad expresada en la investigación del caso Golpe I.
"Es una falacia esa cantidad para el comité. (La institución) hace gestiones y desarrolla sus actividades en base a recursos propios y no llega a ese monto. El presupuesto del comité ni en chiste llega a eso".
"Que hayan salido del Comité muy difícil, porque hasta donde entiendo las cuentas que han sido publicadas no son del Comité pro Santa Cruz. Desconozco de quién es la cuenta, no tengo información real y fidedigna de aquello, pero es un montón de plata", dijo Larach.
De acuerdo con las investigaciones y las pruebas presentadas en el caso Golpe de Estado I, a las que accedió La Razón, en 2019, el Comité pro Santa Cruz y su entonces líder, Luis Fernando Camacho, movieron al menos Bs 7,8 millones.
Los fondos fueron utilizados entre el 5 de septiembre y 30 de noviembre para sueldos de la organización cívica, gastos de oficina, pasajes a La Paz, "pasajes Vivi" y "poleras Tarija", entre otros ítems, según las pruebas presentadas.
El Comité pro Santa Cruz descarta uso de recursos para protestas de 2019
El presidente cívico señala que el presupuesto de la institución no llega ni al 10% anual de la cantidad mencionada en la investigación.
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