La fractura dentro del Movimiento al Socialismo (MAS) impide la aprobación de leyes y, consecuentemente, genera demoras y problemas para la gobernabilidad del país. Un diputado arcista indica que se está entrando en un nuevo escenario, en el que las organizaciones sociales tendrán que volver a movilizarse.
"Desde el Gobierno, califican de sabotaje los escollos de la Asamblea Legislativa a las propuestas del Órgano Ejecutivo.
"Estamos frente a un nuevo escenario de reconfiguración y reposicionamiento de fuerzas políticas, luego de que, en esta legislatura, la 2022-2023, hemos sido testigos de una fractura del MAS. Esto ha obligado a que, mediante el cabildo de los sectores sociales, éstos tengan que ser parte del proceso legislativo", afirmó el diputado Juan José Jáuregui (MAS).
Leyes
El legislador de facción arcista recordó momentos en los que este tipo de situaciones ocurrió anteriormente en el país. "La legislatura que va a empezar en unos días más va a tener unos elementos que no han sido observados recientemente. Hay que retrotraerse a la gestión 2003, cuando se movilizó en octubre el pueblo boliviano para poder ser parte activa de la vida política. De la misma manera, en la gestión 2006 y, fundamentalmente, en 2008, cuando tuvo que ser el pueblo boliviano que se movilizó. Eso obligó a que el Congreso de aquel entonces apruebe una ley para organizar el referéndum dirimitorio y aprobatorio (de la nueva Constitución Política del Estado)", señaló el diputado orureño.
El cabildo del pasado 17 de octubre, celebrado en la ciudad de El Alto, tomó decisiones que apuntan en ese sentido. "Nos declaramos en estado de emergencia a nivel nacional convocando a todas las organizaciones sindicales y sociales, y a los movimientos populares, a organizar la resistencia movilizada en caso de que continúen los actos de desestabilización antidemocráticos y fascistas contra nuestro Gobierno democráticamente elegido con el 55% de los votos", indica el primer mandato de los 19 que un dirigente campesino leyó en esa ocasión.
Demoras
Autoridades del Gobierno calificaron como sabotaje las sucesivas demoras en la aprobación de leyes. Los legisladores no lograron ponerse de acuerdo para viabilizar las elecciones judiciales, tampoco fue posible un consenso sobre la ley de imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores y, menos, la norma relativa a la interpelación de ministros.
Actualmente existen contratos y créditos que requieren ser aprobados en la Asamblea Legislativa y que se encuentran estancados por este motivo. El rezago más reciente tiene que ver con la aprobación de la Ley de Modificación del Presupuesto General del Estado (PGE) de esta gestión.
El viceministro de Presupuesto y Contabilidad, Zenón Mamani, calificó la demora en la aprobación del PGE-2023 ajustado como "un sabotaje a la economía nacional". En días pasados el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, consideró igualmente el hecho como "sabotaje económico".
"Queda claro que este sabotaje está en contra del pueblo boliviano", dijo en rueda de prensa.
La legislatura 2022-2024 termina esta semana, y las directivas implicarán otro foco crítico.