Entre el 2021 y lo que va de este 2023, se lograron 140 sentencias en casos de corrupción, enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas, informó este lunes la viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos.
En 2021 fueron 16; en 2022, 55; y en este 2023 ya suman 69, se lee en el tercer Boletín de Información Estadística Trimestral elaborado por el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
Desde esta cartera de Estado "se hace el acompañamiento a los procesos penales en delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito y de legitimación de ganancias ilícitas, en el marco del mandato presidencial de "cero tolerancia a la corrupción", destaca la publicación.
El despacho tiene, además, entre sus atribuciones, investigar denuncias y establecer responsabilidades civiles, administrativas, posiblemente penales o determinar acciones correctivas, por ejemplo, cuando se requiere mejorar los procedimientos, manuales o que se regularice una situación, es decir, que no llega a ser una irregularidad ni un delito, pero se establecen medidas para evitar llegar a esos actos.
En caso de establecerse responsabilidad penal, se presenta una denuncia, "en ese sentido nos constituimos en parte denunciante dentro del proceso penal", explicó la viceministra.
Elaborado en el marco de la Política Plurinacional de Lucha contra la Corrupción "Hacia una Gestión Pública Digitalizada y Transparente", el boletín trimestral contiene información estadística y oficial relacionada a denuncias, investigaciones administrativas y patrimoniales, gestión de procesos penales por presuntos delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito, legitimación de ganancias ilícitas, sentencias obtenidas y otras áreas.
Con esa información, el boletín fue publicado en dos ediciones con resultados correspondientes al primer trimestre del año (enero a marzo) y al segundo trimestre (abril a junio), y en esta oportunidad se presentó la edición del tercer trimestre del año (julio a septiembre) con datos comparativos en cuanto a la cantidad de denuncias de gestiones pasadas y sentencias obtenidas en los últimos años.
Además de esta publicación, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través del Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (VTILCC), aplica diversos mecanismos para garantizar a la población acceso a la información pública como manda la Ley 974 de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
"El acceso a la información es muy importante, por eso contamos con unidades de transparencia en todas las entidades estatales, como encargadas de que la población acceda a la información a través de mecanismos que transparenten, por ejemplo, las rendiciones públicas de cuentas y otros datos que sean de interés. Además, se trabaja en herramientas como estos boletines estadísticos que posteriormente se publicarán a través del Observatorio Ciudadano de Transparencia", explicó.
La población puede acceder a la información a través de las rendiciones públicas de cuentas, que son obligatorias y con una periodicidad de dos veces al año.
El nuevo sistema de rendición pública de cuentas inicial y final, fue diseñado a partir de encuestas realizadas en 2021 y cuenta con datos desde el 2022.
Ríos remarcó que no hay necesidad de mandar notas o ir a la entidad pública para acceder a la información, ya que de manera digital la población puede consultar los presupuestos, los recursos humanos, revisar las auditorias, los procesos de contratación, y otros.
Incluso, para fortalecer el acceso a esta información desde el año pasado es posible realizar rendiciones públicas de cuentas vía radial, para llegar de manera más directa a la población.
"En caso de que la población detecte incongruencias en las rendiciones públicas de cuentas o tenga conocimiento de hechos irregulares vinculados a corrupción o legitimación de ganancias ilícitas, a través del sistema SITPRECO S2+, puede presentar denuncias de manera digital desde cualquier lugar del país e incluso proteger su identidad", explicó Ríos.
Justicia dictó 140 sentencias por delitos de corrupción en cerca de tres años.
En 2021 fueron 16; en 2022, 55; y en este 2023 ya suman 69, se lee en el tercer Boletín de Información Estadística Trimestral elaborado por el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
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