Thomas Becker, abogado de las víctimas de la Masacre de Octubre de 2003, organizó el juicio contra Gonzalo Sánchez de Lozada cuando aún estudiaba. Su desafío era grande: enfrentarse al poder político del expresidente y a las limitaciones judiciales.
El abogado estadounidense contó que llegó a Bolivia en 2005, en plena movilización social contra el entonces presidente Carlos Mesa.
Esa vez, el abogado de las víctimas era el ahora canciller Rogelio Mayta, con quien —dijo Becker— "desmenuzaron" las posibilidades para armar un caso contra Sánchez de Lozada, que cargaba la muerte de al menos 69 personas durante la represión militar-policial en la llamada Guerra del Gas, en su segundo gobierno.
"Yo comencé mis clases en (la universidad de) Harvard en esos días, y comenzamos el juicio cuando era estudiante todavía. Éramos un equipo un poco ridículo", relató Becker.
"No podía asistir (a clases), entonces tuve que hablar con el director del programa (de estudios) y me dijo: 'Si puedes presentarme el caso en un año, vamos a participar con ustedes'. Entonces, construimos el caso con Rogelio (Mayta) y otros abogados. Presentamos la demanda, terminé mis clases (carrera) y me gradué (como abogado)", recordó.
Juicio
Junto con un equipo de abogados bolivianos, de los que no precisó los nombres, Mayta y Becker vieron conveniente ir a Estados Unidos a iniciar el proceso en contra del exmandatario, que había dejado la Presidencia del país el 17 de octubre de 2003, en medio de una crisis social y política que le dijo "no" a la exportación de gas natural a través de un puerto chileno.
"Sabíamos que nos enfrentábamos a alguien muy poderoso (…), (pero) teníamos que ir a jugar a su cancha (Estados Unidos) y ganarle allá. Si Goni no va a regresar, vamos a su cancha para comenzar un juicio", recordó Becker.
El proceso contra Sánchez de Lozada y su ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín comenzó en 2007 en Estados Unidos, cuando familiares de ocho fallecidos en 2003, liderados por Mayta y Becker, viajaron hasta Estado Unidos. "Es penoso ver a una persona (Sánchez de Lozada) tan poderosa, tan rica, matando a la gente y escapando a los Estados Unidos. Teníamos que hacer algo", dijo.
"En Estados Unidos, la única opción fue (iniciar un proceso) civil. Hemos ido por ese camino porque no había la posibilidad de llevar adelante un caso penal o caso criminal", precisó.
Calificó de "difícil" el proceso que duró más de 10 años, aunque también reclamó que el largo tiempo del proceso se debe a que la parte acusada presentó "apelación tras apelación, tras apelación (sic)" para "dilatar" el juicio.
En ese sentido, la directora de La Razón y conductora de ese streaming, Claudia Benavente, preguntó a Becker si en algún momento el equipo jurídico y las mismas familias de las víctimas vieron mermadas sus fuerzas ante la "dilatación" del proceso. "Ha sido muy difícil para los familiares. Después de tantos años (las víctimas) no pueden cerrar sus heridas", dijo el jurista.
Contó "ese mismo dolor" por recordar los episodios mantuvo "de pie" a los denunciantes.
Veredicto
El 3 de abril de 2018, un juez estadounidense emitió un veredicto que declaró responsables a Sánchez de Lozada y a Sánchez Berzaín de ejecuciones extrajudiciales. "Lo que queríamos es el veredicto, porque lamentablemente mi país protege a personas que matan a su gente y usan Estados Unidos como refugios. Pero ahora la puerta se está cerrando", se congratuló Becker.
Celebró que esa decisión judicial, a la que calificó de histórica, genera jurisprudencia para casos similares en otros países.
Recientemente, se conoció del acuerdo entre las víctimas y demandados, aunque Becker dijo que no se puede brindar detalles del documento, menos montos.
Ejecuciones extrajudiciales. "Ése va a ser el veredicto hoy, mañana, en 20 años o en 100 años. Nadie lo puede cambiar".