La bancada de Comunidad Ciudadana (CC), través de una carta, pidió al presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, convocar a una sesión para tratar el proyecto de Ley de las Elecciones Judiciales que está estancada en la Cámara de Diputados.
"Conjuntamente con el diputado Carlos Alarcón hemos presentando una nota al presidente nato de la ALP con el único objeto de considerar y debatir el proyecto de ley 144 de las Elecciones Judiciales", dijo el legislador Enrique Urquidi en conferencia de prensa.
De acuerdo a la carta de la bancada de oposición, la Cámara de Diputados perdió su "competencia legislativa" para tratar el proyecto de ley que fue enviada por la Cámara de Senadores el pasado 31 de agosto. Sin embargo, la misma quedó trabada por diferentes situaciones.
CC argumentó que la respuesta de la Cámara Baja debió llegar en un plazo de 30 días y que el mismo venció el 30 de septiembre, pero que hasta la fecha no existe una respuesta oficial.
Según la Constitución Política del Estado, el artículo 163, en su parágrafo 7, establece que de haberse vencido el plazo para que la Cámara revisora –como lo fue la de Diputados– "el proyecto de ley será considerado en el pleno de la ALP".
El pasado jueves, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió la consulta de constitucionalidad que presentó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y, con esta nueva acción, el proceso para tratar la ley de las Elecciones Judiciales quedó paralizada.
Esa fue la segunda vez en que el TCP paralizó el tratamiento del proyecto de Ley, la primera vez demoró tres meses para determinar y volver a foja cero todo el proceso de elección.
Para Comunidad Ciudadana, el Gobierno tiene un contubernio con el TCP y el TSJ y, de esa manera, sabotear las Elecciones judiciales que debían llevarse en diciembre de esta gestión, pero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) desahució está opción y dijo que las mismas se llevarían en las primeras semanas de enero de 2024.
"No solo quieren que fracasen como ya ocurrió el 3 de diciembre de 2023, sino también en los primeros meses de 2024, con el objetivo de prorrogar inconstitucionalmente a los actuales magistrados que terminan sus funciones el 2 de enero de 2024", se lee en la nota.
Además, la bancada señaló que prorrogar a las autoridades judiciales, como quiere hacerlo el gobierno nacional, conllevará a la "destrucción de la democracia en el país y a una violación de los principios de la Carta Democrática Interamericana".