"(…) Las partes han logrado una conciliación que proporciona una compensación para la familias de los demandados y exoneraciones legales que prohíben cualquier acción adicional de cualquier tipo por parte de los Demandantes contra los Demandados en relación con los eventos que ocurrieron en Bolivia en septiembre y octubre de 2003", señala una declaración conjunta entre las exautoridades y las víctimas.
Tras un proceso de conciliación, finalmente el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada 'Goni' y el exministro de Defensaa, Carlos Sánchez Berzaín, acordaron pagar un resarcimiento a las víctimas de las masacres de 'octubre negro' del 2003.
"(…) Las partes han logrado una conciliación que proporciona una compensación para la familias de los demandados y exoneraciones legales que prohíben cualquier acción adicional de cualquier tipo por parte de los Demandantes contra los Demandados en relación con los eventos que ocurrieron en Bolivia en septiembre y octubre de 2003", señala una declaración conjunta entre las exautoridades y las víctimas.
Asimismo, la declaración señala que la conciliación no significa que Goni y Sánchez Berzaín hayan aceptado su culpa y aclara que se prohíbe hablar de los montos acordados.
Como antecedentes en este caso se tiene que en 2018 un jurado determinó que Goni y Sánchez Berzaín eran culpables de las muertes extrajudiciales y otorgó 10 millones de dólares a los demandantes. Luego, ese mismo año, el juez Cohn dejó sin efecto el veredicto al observar falta de evidencia, pero posteriormente en agosto de 2020 una Corte de Apelaciones revocó la decisión del juez y le ordenó que se readecúe el proceso.
Ya en noviembre de 2020, el expresidente Sánchez de Lozada y su exministro intentaron nuevamente dejar sin efecto el proceso, presentando la moción para que el juez Cohn decida rechazar los reclamos de los demandantes o, alternativamente, se determine realizar un nuevo juicio. Sin embargo, el pedido fue denegado por Cohn mediante un fallo emitido este 5 de abril de 2021.
Así, en su momento se decidió que los familiares de las personas que perdieron su vida en la masacre del 2003 debían ser resarcidos con $us 10 millones.
En octubre de 2003, Sánchez de Lozada se enfrentó a una revuelta popular en El Alto y La Paz con un despliegue militar. La represión saldó con 67 muertos y más de 400 heridos. El entonces presidente y varios de sus ministros huyeron para eludir un juicio por cargos de genocidio en el país.