Restituir la Autonomía Constitucional en la agenda
democrática es una tarea central que debería presidir las propuestas de
los candidatos en los comicios de marzo próximo.

Es que la construcción de un estado descentralizado y autonómico, como
establece el Art. 1ro de la Constitución, es consustancial a una
visión que supere definitivamente el centralismo como herencia colonial
atávica que, junto a otras, ha impedido la construcción nacional.

El centralismo, esa concentración excluyente de actividades en un eje
troncal, fue el dispositivo colonial para la extracción y exportación de
nuestros recursos naturales y marcó el abandono y la exclusión del 80%
del territorio nacional que, después de 1825, siguió careciendo de
gobierno en el sentido más elemental qué es la administración
institucional de los intereses colectivos. Así como no era posible
construir país excluyendo con el racismo a la mayoría de la población,
tampoco lo era con la exclusión y el abandono de la inmensa geografía
nacional.

Ahí la fuerza y la actualidad de la reivindicación autonómica que, pese
a las iniciativas post 52 y a la "participación popular" de los 90,
sigue siendo una tarea pendiente ante la carencia de estrategias
geopolíticas para el desarrollo, de procesos descentralizadores y de
gobiernos locales y departamentales con planes y recursos.
Y estos últimos 14 años hemos retrocedido, pese a las previsiones
constitucionales del año 2009. No se trata de replicar la confrontación
nacional del 2020, pero dejar de lado, con motivo de las elecciones
subnacionales, el enorme daño que el centralismo y el autoritarismo le
ocasionaron a la descentralización, es un grave error que puede dejar en
el vacío todas las propuestas electorales de este marzo. La
Constitución Política y la Ley Marco de Autonomías han quedado casi
como papel mojado con la recentralización de los recursos, con
la invasión de competencias y con la acción represiva contra varias
autoridades subnacionales.

Menos del 10% de la inversión nacional está en manos de las 9
gobernaciones y 342 municipios que, sin embargo, tienen que atender las
principales demandas cotidianas de la gente. El renovado centralismo ha
confiscado recursos y usurpado competencias, para financiar
políticas nacionales o para remachar el caudillismo supuestamente
benefactor y "obrista". El impuesto a los hidrocarburos (IDH), que por ley
debería destinarse en un 50% a las regiones, ha sido descuartizado y
confiscado obligando a los gobiernos locales a financiar la renta de vejez y
el bono para discapacitados, amén de solventar al gobierno central en
sus "políticas" de exploración de hidrocarburos, 12 %; de seguridad
ciudadana, 10 %; y hasta de una supuesta "educación cívica", 0.2 %.
Nunca el gobierno del Mas quiso aprobar el pacto fiscal que manda la
Ley Marco y después de 2 años de reuniones estériles todo terminó en
fracaso. Pero además el presidente se convirtió en supra-alcalde
invadiendo competencias, destinando recursos y propaganda a
obras barriales como mecanismo de promoción política que disminuía o
anulaba las gestiones locales y departamentales. Para colmo las
principales autoridades subnacionales distintas al MAS fueron objeto de una permanente
persecución política judicial que los suspendió o derrocó o que, al menos,
desestabilizó y asfixió a varias gobernaciones y alcaldías
desconociendo el voto mayoritario de la gente.
Por eso, al inicio de las campañas, no podemos sino reclamar a los
candidatos un mínimo de claridad político-institucional y algo de
honestidad y realismo, si quieren ser gestores responsables de las
demandas ciudadanas. Peor en medio de las crisis: de la sanitaria
que obliga a destinar grandes recursos a la infraestructura
hospitalaria, y de la crisis económica que plantea la reactivación urgente
desde los emprendimientos locales y las articulaciones productivas y
comerciales departamentales.
Ya se ha anunciado un recorte a las transferencias subnacionales no
menor al 30%, y el presupuesto general del 2021 ha aprobado mayor
centralización que los años anteriores. Sólo el 8.5% de la
inversión pública está descentralizada permaneciendo el
91.5 % en la billetera del gobierno.

Estamos al inicio de las campañas y propuestas, pero hasta ahora -salvo
Camacho y su desempolvado "federalismo"-, es casi inaudible una
visión autonomista y descentralizadora; y sin ella los
programas electorales están muy próximos a la demagogia y al
engaño. Varios autoproclamados "municipalistas" se han puesto a
repartir barbijos al tiempo que, sin visión autonomista, sólo están
vendiendo humo.
Esperemos que los posibles éxitos electorales de varios postulantes no
se conviertan luego en gestiones ahogadas por el centralismo, peor si
vienen de la mano del masismo cuya ineptitud en gestión local y
departamental no admite duda después de 14 años.
Marzo debería ser la ocasión para reimpulsar el pacto fiscal, la
autonomía y la descentralización, y así avanzar en la construcción de un
país más digno para todos y en todos sus rincones.



Juan Del Granado es Abogado y Político