El ministro de Justicia, Iván Lima, a través de un mensaje publicado en sus cuentas en las redes sociales, destacó el comunicado emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que insta al Estado, y en especial a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), a garantizar la realización de las Elecciones Judiciales.
"La CIDH acaba de instar al Estado boliviano, que a través de las instancias competentes garantice las Elecciones Judiciales a fin de preservar la independencia de poderes y el sistema democrático como establece la CPE", destacó el Ministro de Justicia.
En su comunicado, la CIDH señala que según los estándares internacionales, "los procesos de nombramientos y selección de magistraturas revisten una importancia fundamental para asegurar la independencia, imparcialidad, eficacia de los órganos judiciales. Estos procedimientos deben cumplir con requisitos básicos como la difusión previa de las convocatorias, plazos y procedimientos; la garantía de acceso igualitario e incluyente de todas las personas candidatas; la calificación con base en mérito y capacidades profesionales; así como participación de la sociedad civil para un efectivo control social. Además, es imperativo que estén libres de influencias políticas y de cualquier tipo de discriminación, a fin de generar confianza por parte de la ciudadanía en las instituciones del Estado".
El Ministro de Justicia hace eco de esa recomendación del organismo internacional y afirma que la Ley Transitoria de las Elecciones Judiciales aprobada por el Senado a finales de agosto no respeta lo dicho por la CIDH.
"La norma aprobada en la Cámara Alta, vulnera estos puntos mencionados al haber establecido la posibilidad votar en plancha y al dejar de lado la evaluación oral", señala la autoridad.
En ese sentido, Lima convoca a "las instancias competentes a dar cumplimiento al comunicado de la Comisión Interamericana emitido en el marco de su mandato de garantizar la vigencia de los derechos y garantías".
La Ley de las Elecciones Judiciales aprobada por el Senado está trabada en la Cámara Baja. La Comisión de Constitución de esa instancia decidió remitir la ley en consulta a ministerios, además del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El TSJ, en esa línea, activó un recurso de consulta constitucional ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para conocer si la Ley se enmarca o no en lo establecido en las leyes.
De acuerdo a procedimiento, el TCP, en caso de aceptar el recurso, tiene hasta 30 días para emitir un fallo, lo que frena el tratamiento de la norma.