De acuerdo a un informe del Ministerio de Salud, entre enero y diciembre de 2022, el país registró 35.470 embarazos adolescentes, de los cuales 2.134 casos se dieron en menores de 15 años. Mientras que los 33.336 casos restantes entre las edades de 15 a 19 años.
Según el estudio "metodología de Impactos del embarazo Adolescente en América Latina y el Caribe (MILENA) para Bolivia del Ministerio de Salud y del apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), reveló que las consecuencias del embarazo adolescente se dan en cuanto a las brechas en los logros educativos y en los niveles de ingreso y empleos.
"En Bolivia el abandono y rezago educativo vinculados al embarazo en adolescentes y la maternidad temprana representan un costo o pérdida anual aproximadamente de USD 153,7 millones anuales. Las mujeres que fueron madres en esa etapa presenta una probabilidad 66,9% mayor de encontrarse desempleada en comparación a las mujeres que postergaron su maternidad", dice parte del reporte.
Además, otro factor que afecta a las mujeres es la violencia sexual que se registra en niñas y adolescentes porque, según el informe, son obligadas a los embarazos tempranos, así como a uniones o matrimonios forzados. "La decisión sobre la maternidad sigue dependiendo de alguien más: de su pareja, de un familiar o de la comunidad", señala el informe.
La Responsable de Adolescencia del Ministerio de Salud, Alexia Paredes, indicó que el mayor índice de embarazos en adolescentes se volcó hacia el oriente del país.
"Se ha modificado en relación al 2016 y 2020, luego de la pandemia los índices cambiaron y se reportan más en la zona oriental del país, es decir, Santa Cruz, Beni y Pando", dijo Paredes en un contacto
Asimismo, informó que los índices de "mortalidad de una adolescente oscila entre el 15 y 19%, es decir, hay un mayor riesgo de que una adolescente muera cuando queda embarazada a temprana edad".
Explicó que para prevenir tales situaciones, el Ministerio de Salud con la ayuda del UNFPA, implementaron estrategias integrales como la "promoción de la educación integral para la sexualidad dentro y fuera de la escuela, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, apoyo emocional a víctimas de violencia sexual, el fortalecimiento de la consejería en los servicios de Atención Integral de Adolescentes (AIDA), así como el asesoramiento y promoción de programas de apoyo a las adolescentes embarazadas para asegurar la elección informada y anticoncepción".