A través de un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó al Estado Plurinacional de Bolivia, en particular a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a garantizar la realización de las elecciones judiciales.
"La CIDH expresa preocupación ante los desafíos que se presentan en el proceso de elección de las autoridades para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura que pueden debilitar el funcionamiento del sistema de justicia de Bolivia. En este escenario, urge al Estado, en particular a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), a adoptar medidas efectivas para garantizar la independencia de los poderes y el debido funcionamiento del sistema de justicia, en cumplimiento a los estándares interamericanos", señaló el organismo internacional.
En el texto, la CIDH hace énfasis en que las elecciones debían realizarse en diciembre de este año; sin embargo, hace notar que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya señaló ello no será posible ante el retraso en la ALP para remitir la lista de precandidatos.
"La CIDH observa que el proceso de preselección de candidaturas, a cargo de la ALP ha estado marcado por la ausencia de consensos entre las distintas bancadas políticas que deben aprobar el reglamento y la convocatoria conforme establece la normativa nacional", señala.
Asimismo, el organismo internacional resalta que la Cámara de Senadores aprobó, en agosto pasado, una Ley para agilizar los procesos previos a las elecciones judiciales, empero reprocha que ésta aún no fue tratada por la Cámara Baja a pesar de que "organizaciones de la sociedad civil y representantes de las distintas fuerzas políticas han exigido la atención prioritaria a dicho proyecto, con el fin de garantizar la realización del proceso electoral".
"La Comisión Interamericana recuerda que, según los estándares interamericanos, los procesos de nombramientos y selección de magistraturas revisten una importancia fundamental para asegurar la independencia, imparcialidad, eficacia de los órganos judiciales. Estos procedimientos deben cumplir con requisitos básicos como la difusión previa de las convocatorias, plazos y procedimientos; la garantía de acceso igualitario e incluyente de todas las personas candidatas; la calificación con base en mérito y capacidades profesionales; así como participación de la sociedad civil para un efectivo control social. Además, es imperativo que estén libres de influencias políticas y de cualquier tipo de discriminación, a fin de generar confianza por parte de la ciudadanía en las instituciones del Estado", añade el texto.
Finalmente, la CIDH pide al Estado, y en especial a la ALP, "generar consensos, aprobar la convocatoria y el reglamento respectivos, para avanzar y concluir en tiempo y forma el proceso de selección de las autoridades de las mencionadas instituciones de justicia, en observancia de los estándares internacionales y con garantías de transparencia e independencia.
"Se recuerda que la separación e independencia de los poderes públicos es un elemento esencial para el fortalecimiento de la democracia representativa", finaliza el texto.
El proceso de selección de precandidatos a las elecciones judiciales fue suspendida en dos ocasiones en la Asamblea Legislativa, la primera por decisión de una Sala Constitucional y la segunda por un recurso presentado por un legislador de Creemos ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
El TCP, al límite del plazo, decidió anular el reglamento y convocatoria para la preselección de candidatos y dispuso que todas las etapas sean aprobadas por dos tercios de la ALP.
Ello imposibilitó que la Asamblea cumpla el plazo puesto por el TSE, que vencía el 4 de septiembre, para remitir la lista de candidatos y las elecciones se desarrollen el 3 de diciembre.
Tras ello, el Senado aprobó una Ley para agilizar los procesos y permitir que las judiciales se desarrollen en enero del 2024; sin embargo, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados decidió remitir la Ley en consulta a ministerios, además del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el TSE.
En ese sentido, la semana pasada, el TSJ decidió pedir una consulta de constitucionalidad ante el TCP de la referida norma, y esta instancia tiene 30 días para dar su fallo, por lo que peligra que las elecciones judiciales se desarrollen, incluso, en enero del 2024.